El director de Auditoría de Caja Segovia, José Francisco Santos, reconoció que parte de las indemnizaciones aprobadas para el equipo directivo de la entidad podrían ser recuperables. Así lo aseguró el abogado Andrés Herzog, que representa a la formación UPyD, que representa a la acusación particular de este caso.
José Francisco Santos participó ayer en un interrogatorio en el Juzgado como testigo propuesto por el abogado de Elena García Gil, vicepresidenta del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de Retribuciones de Caja Segovia. También fue sometida a preguntas la auditora externa, perteneciente a la empresa KPMG, María Eugenia Fernández Villagrán.
En declaraciones a los periodistas, el abogado Andrés Herzog, destacó que el auditor interno de Caja Segovia, José Francisco Santos, había reconocido que las dotaciones del paquete de prejubilaciones, a diferencia de las pensiones, se podían rescatar total o parcialmente si no se cumplían los requisitos establecidos en el propio plan.
En este sentido, apuntó que las prejubilaciones eran una fórmula para fidelizar a los directivos con el fin de que se comprometieran a cumplir el plan estratégico fijado para seis años. Así, según ha agregado, al conocer que ese plan no tenía sentido ante la futura integración de Caja Segovia en Bankia, en vez de rescatar las dotaciones, se optó por acelerarlas.
El letrado de la acusación añadió que ambos responsables de auditoría explicaron también que en el año 2010 el patrimonio neto de Caja Segovia se redujo de manera considerable, hasta en un 60 por ciento, y lamentó al respecto que ello no impidiera que se dotaran importantes cuantías.
Por su parte, el abogado Luis Rodríguez Ramos, representante legal de Atilano Soto y otros imputados, volvió a mostrar su confianza en que el caso se archivará y por ello habló de la «pérdida de tiempo y dinero» que supone este proceso, que será sobreseído pues no existe ningún tipo de indicio delictivo. Si bien reconoció que los sueldos eran altos y por ello bromeó diciendo que en una próxima vida él se hará banquero en lugar de catedrático de Derecho Penal.
En la misma línea opinó que UPyD está generando unas expectativas que derivarán en la frustración de la ciudadanía. Sobre las auditorías llevadas a cabo, aseguró que están perfectas, por lo que ha sospechado que la intención del partido político UPyD es hacer «ruido» y conseguir votos con este caso.
Piden más documentación
El Juzgado ha requerido a varias instituciones nueva documentación para tratar de aclarar el caso de las prejubilaciones millonarias en Caja Segovia.
A través de una providencia, el magistrado requiere al Banco de España documentación que permita conocer si a finales de 2010 existía previsión legal de exigir a las entidades de crédito que suscribieran pólizas de seguro para sus directivos; o de si los acuerdos laborales adoptados en Caja Segovia estaban amparados en el acuerdo de integración en Bankia.
También ha pedido a la Fundación Caja Segovia copia de las actas de las sesiones del Consejo de Administración y de la Comisión de Retribuciones desde noviembre de 2008, así como copia de los estatutos de Caja Segovia y de sus reglamentos internos.
El Juzgado requiere a esta misma institución heredera de la antigua Caja Segovia copia de los planes de prejubilación para los empleados de Caja Segovia entre los años 2006 y 2010.
A través de un oficio, el juez Jesús Marina Reig ha requerido igualmente al bufete de abogados Garrigues para conocer a los autores del informe titulado ‘Grado de adecuación de Caja Segovia a los nuevos requerimientos en materia de remuneraciones’, para que puedan ser llamados a declarar como testigos en este caso.
