Sobrepasados los tres meses desde que el Gobierno declaró el estado de alarma para combatir la pandemia del covid-19, implantando tal vez el confinamiento más estricto y largo de todos los países de nuestro entorno, el ministerio investido como “autoridad superior” todavía no ha publicado las cifras reales de fallecidos. Es evidente que las publicadas a lo largo de estos días, y que se han quedado estancadas en 27.136 fallecidos, no representan los resultados dantescos provocados por el coronavirus en nuestro país, ya que hay estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, del INE, de la Asociación de Funerarias y de, al menos, dos Asociaciones de Residencias Sanitarias, que hacen pensar que la mortalidad real en nuestro país ha estado en torno a los 50.000 fallecidos o más, a resultas de la enfermedad -con tests o sin tests, en el hospital o en la residencia o incluso en casa-, lo que coloca a España, por el momento, en la nada honrosa primera posición de fallecimientos por cada millón de habitantes de todos los países del mundo, superando los mil por millón. Incluso con las cifras oficiales maquilladas, España estaría entre los tres países que peor lo han hecho.
Según un estudio publicado recientemente en el reputado rotativo Financial Times, que tiene en cuenta el número de contagios registrados el día en que se toman las primeras medidas y el número de fallecidos en ambos casos por millón de habitantes, existe una evidente correlación entre adoptar medidas contra la pandemia pronto y reducir el número de fallecimientos. En nuestro país las autoridades tenían constancia desde febrero por casos ocurridos aquí y por información procedente de la Unión Europea y de la OMS sobre la peligrosidad del covid-19 y desde el 30 de enero existían evidencias de que pululaba por nuestro país. Pero, claro, había que esperar a que se celebrase el 8-M, tan vital para el Gobierno “progresista” y “feminista”.
Pero es que, además, el Gobierno introdujo unas restricciones demasiado severas, que paralizaron la economía de nuestro país durante un mes y la hibernaron durante otros dos meses más, siendo España el país más estricto y restrictivo de toda la UE, con su casi perenne estado de alerta. Pero aplicar el máximo rigor no determina sufrir menos fallecimientos, como ha demostrado la Universidad de Oxford, que ha comparado con su índice de rigurosidad la intensidad del confinamiento de cada país, donde España ocupa los primeros puestos en restricciones y duración de las medidas impuestas por el gobierno, con los fallecidos por millón de habitantes, donde España queda muy mal parada, a pesar de que utilizan los datos maquillados del Gobierno. Lógicamente, este rigor, que no ha evitado ser líderes en muertos por millón de habitantes, ha determinado una crisis económica y social de mucho mayor calado, al haber paralizado la actividad económica. La gestión del Gobierno “progresista” ni ha salvado vidas, ni ha socorrido a la economía y, por tanto, al empleo.
Pero ¿cuáles serán los impactos en la economía y el empleo, derivados de la gestión de la pandemia? Un meritorio estudio del Instituto de Estudios Económicos, publicado a primeros de mes, analiza pormenorizadamente el impacto en la facturación, PIB y empleo en los distintos sectores económicos en España derivados de la pandemia. Los resultados son estremecedores, dado que concluyen que en el ejercicio 2020 se reducirá la facturación nacional en más de 350.000 millones de euros (-15,6%), el valor añadido bruto en 163.000 millones de euros (-13,1%) y el empleo en más de 2,6 millones de puestos de trabajo (-14,3%). Destaca el sector de servicios que perdería según ese estudio en torno a 2,1 millones de puestos de trabajo, que es casi el 80% del total; dentro de los servicios el comercio perdería casi 700.000 empleos y la hostelería más de medio millón, pero colectivos como empleadas de hogar reducirían 175.000 empleos y transportes 134.000 empleos. La industria bajaría en 417.000 empleos, destacando el automóvil y sus industrias auxiliares, la construcción reduciría su plantilla en 135.000 personas y solamente se vería beneficiado el sector agropecuario que crearía apenas 15.000 empleos. Además de este sector saldrían favorecidos de la crisis las Administraciones públicas, actividades sanitarias y servicios sociales, informática y comunicaciones, educación y empresas de productos farmacéuticos. También estiman que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno tienen un impacto de cerca de 70.000 millones de euros, de las cuales la mitad supone inyectar liquidez mediante avales a empresas y en menor medida a arrendatarios y el resto son aumento gasto público o reducción de ingresos. Con esas medidas, inferiores a las adoptadas en otros países de la UE, se atenuarían esos impactos en la economía y el empleo, pero no lo suficiente.
Sin embargo, con posterioridad han sido presentados otros estudios de instituciones como el Banco de España y la OCEDE, que reflejan una escalofriante realidad de la economía española, bastante menos optimista que las previsiones que el Gobierno de España remitió a Bruselas en abril, sin un conocimiento concreto de los impactos de la pandemia en la economía y el empleo. Concretamente, el Banco de España ha revisado sus anteriores estimaciones en tres escenarios, que estiman una improbable recuperación rápida con una caída inicial del PIB de 9%, a una recuperación lenta con reducción del 11,6% y un probable rebrote en otoño lo que supondría una caída del 15,1% para el año 2020; mientras que las previsiones acerca de la tasa de paro para el año actual serían del 18,1%, 19,6% y 23,6%, respectivamente, en los mencionados escenarios. En 2021 el BE estima que no recuperaremos la caída del PIB del año anterior y que la tasa de paro aumentará e incluso que para el año siguiente seguiría manteniéndose en niveles muy elevados.
El informe de la OCEDE estima la caída del PIB en el conjunto de sus países miembros entre el 6% sin rebrote y el 7,6% con rebrote. Ningún país caería tanto como España en 2020, cuya disminución se encontraría entre el 11,1% y el 14,4%. Todo ello determinará que el paro en nuestro país aumentará por encima de los 5 millones de personas, que serían 5,7 millones según el BE para el año 2021. El déficit presupuestario podría superar el 10% sobre el PIB en el escenario más favorable y alcanzar el 12,5% en el más desfavorable y el endeudamiento público llegar a rozar el 130% en 2020, según OCEDE, lo que demuestra la gran vulnerabilidad de España.
Es evidente que, a las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno, se añadirán otras, empezando por el ingreso mínimo vital, la ampliación de los ERTEs hasta septiembre o diciembre, los planes de promoción del automóvil y del turismo recién anunciados y muchas otras medidas que serán necesarias para recuperar la economía y el empleo en nuestro país, aunque tardaremos en retornar a los niveles anteriores a la pandemia. Por consiguiente, España va a necesitar para su recuperación ayudas cuantiosas, bien en forma de apoyo o de préstamos del BCE o de la UE. Hasta ahora, el BCE está apoyando la deuda pública y las entidades financieras.
Afortunadamente, la Unión Europea ha diseñado un Plan de Recuperación consistente en incrementar el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 hasta 1,1 billones de euros y un nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, que se añadirán al plan ya aprobado (SURE+MEDE+BEI) para apoyar a gobiernos, trabajadores y empresas, por importe de 540.000 millones de euros. En definitiva, la UE movilizará para recuperar la economía y el empleo de sus países miembros, dando prioridad a los más golpeados por la pandemia, un total próximo a los 2,4 billones de euros. Con ello pretende fortalecer los sistemas sanitarios y reconstruir la economía en todos sus sectores, pero orientándola hacia la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad, con programas finalistas.
Pero sería ingenuo pensar que el ingente numerario que España va a necesitar para financiar su “paraguas social” y “recuperar su economía” va a caer gratis, como el “maná”, sin ninguna condicionalidad, aunque el Gobierno alimente nuestras ilusiones con ese mensaje. España no está en una buena situación de partida, con una deuda que ya roza el 100% del PIB, un déficit público que está en una dinámica de desborde galopante y una economía que ha salido muy dañada de la pandemia; además, necesita profundas y urgentes reformas estructurales en la dirección que le indica la UE y la OCEDE. La prueba de fuego van a ser los presupuestos para 2021, con el objetivo de controlar el déficit a medio plazo, y el calendario de reformas que exigirá la UE, que necesariamente tienen que ir en dirección opuesta a lo pactado entre PSOE y Podemos, con los extraños aditamentos en que se apoya el Gobierno. No sólo no es factible, sino contraproducente la marcha atrás de la reforma laboral pactada con comunistas y etarras, sino que una mayor flexibilización del mercado laboral será indicada por la UE. Reequilibrar el sistema de pensiones y racionalizar las prestaciones sociales será otro de los requerimientos, también en dirección contraria al mencionado pacto de coalición. Afrontar los problemas estructurales y déficits del Sistema Sanitario será el destino obligado de parte importante del dinero comunitario. Mejorar el Sistema Educativo e implantar de forma decidida la Unidad de Mercado serán otras reformas casi obligadas. Parece claro que algo tiene que rectificar el Gobierno de España en su alocada política cortoplacista para que nuestro país pueda salir de esta crisis.
