Las Cámaras de Comercio, Industria y de Navegación (nombre oficial), aunque se constituyeron a finales del siglo XIX hunden sus raíces en la historia de los tiempos. Son herederas de las Hermandades del siglo XVI, que a su vez sucedieron a la agrupación de gremios medieval. Continuaron la labor que en el siglo XVIII promovieron las bien intencionadas Sociedades Económicas de Amigos del País, muchas de las cuales todavía subsisten en la geografía española. Son corporaciones de derecho público muy diferentes a las patronales como la CEOE y la CEPYME. Mientras estas tienen como fundamento la defensa de los intereses de los empresarios, funcionando como un sindicato, las Cámaras amplían su alcance al conjunto de la empresa, e incluso llegaron a configurarse a partir de la ley de 22 de marzo de 1993 –que por cierto sustituyó a una previa de 1911- como órganos auxiliares de la administración. El maestro Eduardo García de Enterría escribió un magnífico artículo sobre la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio al que me remito por si se quiere la ampliación tanto de su vertiente comparada como histórica.
Durante muchos años han hecho de la formación y de la ayuda a la internacionalización dos de sus cometidos más sobresalientes. Muchas de ellas han poseído centros formativos con entidad y renombre. La formación llegó a poseer tal relevancia que la ley de 1993 antes mencionada incorporó a las Cámaras al sistema de formación profesional creado ex novo por la antigua LOGSE.
También su carácter de instrumento de apoyo al comercio exterior se vio reforzado con la nueva regulación que expresamente les requería la elaboración de un Plan Cameral de Promoción de la Exportación, al que incluso tenían que destinar obligatoriamente buena parte de los recursos que recibían de los empresarios.
De su seno han salido boletines informativos y de prescripción económica de gran prestigio por el rigor de sus datos y la altura intelectual de sus analistas. No creo que me equivoque sí digo que el sistema estructurado tenía una lógica socializante: la obligación de la afiliación a las Cámaras hacía que las cuotas de las grandes empresas revirtieran a la postre en servicios a las pequeñas. Las cosas, sin embargo, cambiaron en enero del 2011. Desde esa fecha no es obligatoria la pertenencia de las empresas a las distintas Cámaras de Comercio que hay por toda España, cuya existencia no se limita a las capitales de provincia; en efecto, se contabilizan hoy hasta 85 Cámaras territoriales.
La regulación que anuló el recurso cameral permanente, el RD 13/2010, fue obra y gracia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero, uno de los peores presidentes –por el momento- de la democracia española, cedió a las presiones de los grandes empresarios, que tenían clavada en el pecho la espina de su pertenencia a estos colegios. El intento de suprimir la obligatoriedad venía de atrás. Recuerdo que la Cámara de Comercio y de Industria de Zaragoza llegó a constituir una fundación con General Motors España para destinar parte de las aportaciones de la factoría de automóviles a obras culturales y sociales ante las quejas de la multinacional. Rodríguez Zapatero sucumbió a la presión con esa improvisación que le caracterizaba, y que alguno de sus ministros – que hoy se aleja de su figura y de su política- no supo encauzar. Y en esa estamos. Porque después nadie ha querido volver a tocar la cuestión. Es de agradecer, por tanto, la labor que siguen desarrollando en defensa de los intereses generales de la empresa y alguna de sus iniciativas como la de ZoomCámaraSegovia, que ayer se inauguró con un encuentro virtual con José Luis Bonet, presidente de Cámara España.
