“Mejor prevenir que curar”, según la sabiduría popular. Un viejo consejo que deberíamos practicar hoy más que nunca, por razones obvias. Sin embargo, no siempre se actúa para remediar las consecuencias que habría que evitar. Es lo que ocurrió en España, cuando el 8-M, el Gobierno antepuso sus intereses ideológicos a la salud de los españoles; especialmente la salud y la vida de los más vulnerables: los mayores. En un reciente informe firmado por el Presidente de la Sociedad Española de Geriatría afirma que “Las personas más afectadas por esta terrible epidemia en todo el mundo occidental son los mayores ingresados en residencias”. Así, “los fallecidos por Covid-19, en residencias de mayores son el 82% en Canadá, 51 % en Francia, 58% en Noruega, 49% en Suecia, 40% en Estados Unidos, 30% (sólo confirmados por PCR) en España. La OMS estima que la mitad de las muertes por Covid-19 en Europa se han producido en ancianos que estaban ingresados en residencias.
El informe citado de la Sociedad de Geriatría (el primero procedente de un organismo solvente) debería ayudar a prevenir y mejorar la atención de las residencias. También es importante para esclarecer noticias y comentarios insidiosos, como los de quien debió ocuparse desde la vicepresidencia de Derechos Sociales y sin embargo faltó a su responsabilidad ética y política. Por fortuna, donde faltó la acción institucional, suplió con creces la deontología y profesionalidad sanitaria. Así, en el escrito del presidente de la SEGG, con referencia a Madrid, se afirma que, “no se ha negado el ingreso hospitalario a los ancianos de la Comunidad”. Se trasladaron 10.300 residentes desde su residencia a hospitales desde el 1 de marzo hasta el día 5 de junio (una media de 106 cada día). De los 2.226 pacientes ingresados en La Paz entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32% (709 personas) provenían de una residencia de mayores. Al parecer, esa fue la tónica general en el resto del país.
Aún así, se dieron casos que no entran en un informe sobre una situación general. Lo confirma el testimonio de la Presidenta de CEAPS, quien afirma: “los políticos ordenaron que los enfermos se quedaran en las residencias, pero no las equiparon con personal, oxigeno o EPI” (El Mundo, 7/06/2020). Entonces, intentaron suplir la carencia de material imprescindible: “hicimos una compra masiva de mascarillas, guantes, batas, test…. El 1 de abril, el avión estaba en el Prat. Pero el 9 de abril el mando único decidió enviar todo el material a otras partes”. Hay que pensar que no debió ser la única incautación del caótico y supremo mandamás, que no se dignó visitar una sola residencia de mayores.
Nos preguntamos, si se evitarán las trágicas circunstancias vividas en las numerosas residencias de Segovia, capital y provincia. Al día de hoy, las carencias hospitalarias son evidentes. A este respecto, una reciente investigación realizada por la Universidad Carlos III concluye: “Toledo, Segovia, Salamanca o Navarra son las que menos cobertura hospitalaria tienen respecto a la población vulnerable”. Veredicto confirmado por el INE, que calculó la mortalidad durante las semanas más críticas del coronavirus. Lamentablemente, le correspondió “a Segovia el primer puesto en el ranking, con un porcentaje del incremento más alto del país: 94,73%” (El Adelantado, 4/06/2020). Incluso la misma Consejera de Sanidad V. Casado reconoce que: “Segovia ha sido la provincia que más ha sufrido”… Ya, pero ¿qué está haciendo el Gobierno regional, para que no sea la provincia que más sufra, si hay un rebrote de la epidemia? Se agradece la compasión. Pero ahora se trata de actuar para no lamentarlo después. Deben atajar, ya, para dotar de instalaciones hospitalarias suficientes. Escuchen a los usuarios y a las muchas y variadas asociaciones, organismos y entidades que claman por la rehabilitación del Policlínico. Ese hospital rehabilitado podrá proporcionar una atención que no dará ningún Centro de Salud (también necesario). No son admisibles las afirmaciones rotundas de la Consejera: “El Policlínico no se va a reabrir” (prescindiendo de 120 camas); o esta otra: “tenemos que cerrar este tema del Policlínico porque es un edificio que no es nuestro” (El Adelantado 23/09/2019). O sea que, además ¿nos prohíbe hablar del tema, dando razones pueriles? ¿No merecen los contribuyentes una justificación mejor? ¿Esta es la Comunidad Autónoma con mayor índice de transparencia? La Consejera se exime de dar razones convincentes a los ciudadanos; eventuales pacientes. Aquellos, a quienes en el futuro pudieran sufrir lo que no hace mucho ella misma lamentaba. Este es el momento de prevenir. La ocasión única que deben aprovechar los y las representantes en las Cortes de Castilla y León, gracias a los votos de los segovianos. Se espera que, además de “predicar” en el hemiciclo, “den trigo”, defendiendo los intereses legítimos de los ciudadanos.
