Otra vez Castilla y León se ve perjudicada por su condición de región de interior con una alta desproporción entre población y kilómetros cuadrados. Otra vez la naturaleza de la España interior juega en contra de la satisfacción de unos intereses legítimos. Otra vez el mercado de negociaciones políticas enmascara una realidad tangible, objetiva, incuestionable como es la del coste de un servicio, cuya cobertura tendría que figurar como objetivo básico a la hora de acometer cualquier transferencia del Gobierno central.
El problema surge ahora con la ponderación de las variables en el reparto de los 16.000 millones de euros que el presidente Sánchez anunció que traspasaría a las distintas regiones. Es una medida acertada la del Gobierno, pero no lo son los criterios de la distribución ni el destino que se le da a las distintas partidas. He conocido esta disputa en diversas ocasiones a lo largo de mi vida profesional. La recuerdo cuando se transfería una competencia por parte del Estado y se cuantificaban los recursos que la acompañaban. Siempre primaba de una manera desproporcionada la variable población frente a la del territorio. A las Autonomías pobladas, que eran las más potentes políticamente hablando, les suponía un trato más favorable frente a quienes con mayor territorio y población más disgregada tenían que seguir manteniendo la asistencia con unas dosis mínimas de calidad. Y generalmente era en Sanidad y en Educación en donde se generaban los problemas. No es el mismo el coste de un servicio en un pueblo de diez habitantes, aislado y a 1.000 metros de altitud, que el de esas diez personas en Sabadell o Getafe.
Lo reseñable de este caso es que los criterios del Gobierno en el reparto de fondos vuelven a ignorar el efecto “coste del servicio” y de su magnitud en el caso de la pandemia. Castilla y León junto con Castilla-La Mancha han sido dos de las regiones proporcionalmente más afectadas por el coronavirus. Castilla y León une a su condición de territorio más extenso el de ser una de las comunidades, a la par de Aragón, con la densidad de población más baja (25 habitantes por kilómetro cuadrado), y con una población envejecida en el medio rural. La desaparición de 1.000 millones de euros para Sanidad (ahora el fondo se queda con 9.000 millones), otros 1.000 millones destinados a gasto social y la detracción de 800 millones para compensar a empresas de transportes –públicas y privadas- de los 5.000 millones de euros para fomentar la recuperación económica supone otro cambio de criterio del presidente que ha querido aprovechar ese fondo para incluir, como en un calcetín de Papa Noel, conceptos diversos y que deberían tener diferentes tratamientos. Nadie niega que el sector del transporte necesita un plan específico. Como lo requiere la Educación de cara al próximo curso. Deberían el uno y la otra haber quedado fuera de este fondo y ser tratados con la reflexión y la contundencia que exige un tema de Estado, y no dejarle la responsabilidad a las Comunidades Autónomas.
Tampoco entiendo la naturaleza de estas transferencias. Queda claro que no son reembolsables ni incrementan los ratios de deuda, pero me cabe la duda de la discrecionalidad en su aplicación por los receptores. Por un lado se dice que 9.000 millones de euros se destinarán a gasto e inversión sanitaria, pero luego apostilla el presidente que los Gobiernos regionales solo tendrán el control en su ejecución “de los ciudadanos a través de sus respectivos Parlamentos autonómicos”. ¿Serán entonces finalistas las transferencias o no? ¿Intervendrá la Intervención General del Estado en la fiscalización de las partidas y de su gasto efectivo? Habrá que esperar al día 16 para su aprobación definitiva y ver la regulación que publica el BOE. Como en tantas otras veces.
