La pasada semana, el Gobierno dio luz verde, con carácter de urgencia, a un real decreto por el que, sobre el papel, se deberían haber fijado las reglas de juego para la firma de contratos en el sector de la leche entre industriales y ganaderos.
Uno de los puntos más importantes del mismo, que se había discutido en los últimos meses entre los colectivos agrarios, las cooperativas y los responsables del propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, era la posibilidad de que los ganaderos integrados en el seno de grupos de productores, o desde la misma organización interprofesional, pudieran desarrollar negociaciones colectivas con las industrias, donde se pudiera deducir incluso un precio base a partir de la consideración de una serie de índices de referencia como la evolución del IPC, de los costes de producción, de la demanda, etcétera.
Todo ello se contemplaba en el texto redactado en Agricultura con el apoyo del sector. Pero, frente a ese contenido, los responsables de Economía, capitaneados por la Comisión Nacional de la Competencia, han dado un hachazo a ese texto para la aprobación de un real decreto que deja las cosas como estaban, donde se ha eliminado toda posibilidad de negociación colectiva desde las organizaciones de productores o la interprofesional. Ahora, el asunto queda a expensas de lo que decida en el plazo de varios meses la Comisión Europea. Inicialmente se hablaba de antes del verano, y hoy ya se baraja septiembre.
En consecuencia, la situación en el sector de la leche se mantiene como estaba hasta el momento. Existe un real decreto sobre contratación en el Boletín Oficial Estado, pero, de entrada, los contratos en el sector de la leche seguirán siendo voluntarios, como hasta la fecha, y, en segundo lugar, la negociación de los precios la deberá desarrollar uno a uno cada ganadero con la empresa donde haga sus entregas.
La decisión de Economía de eliminar del real decreto todo lo que estuviera referido a la contratación colectiva de los ganaderos ha supuesto tirar por tierra las expectativas que habían puesto en esa disposición las diversas organizaciones agrarias y las cooperativas, pensando no solamente en la leche, sino en todo lo que ello suponía para extender esa práctica a otros sectores agrarios donde los productores tienen que lidiar a diario con la mayor capacidad de presión negociadora de industrias o de la gran distribución.
La postura del Ministerio es igualmente un golpe para los responsables de Agricultura, cuyas posiciones tampoco han sido tenidas en cuenta. Por elevación, se trata de un impacto contra el propio Gobierno, cuyo presidente señaló en La Moncloa en diciembre de 2009, en su oferta del Plan de choque para el sector agrario, la necesidad de modificar las normas sobre competencia. Recalcó que se cambiaría lo que se tuviera que cambiar para brindar mayor capacidad de negociación.
Los primeros borradores del real decreto sobre la negociación en el sector de la leche ya contaron con el rechazo inicial de la Comisión Nacional de la Competencia, por considerar que los mismos podrían dar lugar a posiciones de dominio o pactos de los ganaderos a la hora de defender sus precios, olvidando que, en la actualidad, esa posición la tienen las industrias y la gran distribución, sin que nadie haya investigado.
La escasa capacidad negociadora del sector de forma individual es uno de los principales problemas de agricultores y ganaderos y, en consecuencia, algo que las organizaciones pretendían superar de una vez.
Hace poco más de un año, con motivo de la enorme movilización agraria en otoño de 2009 y los posteriores compromisos de La Moncloa con el presidente del Gobierno, el colectivo reclamó una reforma de la ley de contratos para así tener una mayor opción decisoria. Meses más tarde, la misma petición se ha planteado para su inclusión en el proyecto de ley de Calidad Agroalimentaria, que era uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura y que duerme el sueño de los justos.
El sector agrario ha expuesto igualmente al Ejecutivo la necesidad de que el sistema de negociación y contratos en el campo no esté sujeto a las actuales normas sobre competencia, por lo que habría que modificar las mismas. Sin embargo, nada de eso se ha producido y Competencia sigue aplicando con toda rigidez las disposiciones actuales, por las cuales no es posible ese tipo de proceso que pondría a la producción agraria a un nivel de igualdad con sus actuales interlocutores en industria o distribución.
Aumentar la capacidad negociadora de los agricultores y ganaderos si hacen la misma de forma colectiva es una vieja demanda del sector, y por ese motivo se consideraba importante que la misma hubiera tenido luz verde en el real decreto sobre la leche. El objetivo de las organizaciones era que esa dinámica se hubiera extendido a otros sectores como cítricos, uva o productos de la huerta.
Lo sucedido con la disposición sobre la contratación en el sector de la leche, como punta de lanza para otros colectivos, y la inmovilidad del Ministerio para acometer esas negociaciones ponen finalmente de manifiesto el escaso peso de la Administración agraria frente a Economía. No ha sido un secreto en los últimos años, y del pasado se recuerdan los enfrentamientos en tiempos de los socialistas entre Carlos Romero y Pedro Solbes.
Con la llegada al Ministerio de Medio Ambiente de una política, más que una técnica, se había barajado la esperanza de que utilizara su peso en el Gobierno, aunque se halle en el mismo como una independiente, para llevar a buen puerto negociaciones con Economía.
Sin embargo, se ha impuesto el criterio más lógico. Rosa Aguilar no ha llegado al Ejecutivo, al ramo de Agricultura, para enfrentarse con nadie en el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, y menos para crear disensiones internas, sino para continuar siendo la cara amable y mantener su proyecto personal en política.
