Diga lo que diga el refrán, querer no es lo mismo que poder, pero, cuando se trata de ETA, la mera amenaza ya es suficientemente sobrecogedora. Máxime si el objetivo de los terroristas es nada menos que abortar de raíz el cambio democrático que se producirá en el País Vasco con el desalojo de los nacionalistas.
Así lo constató ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien informó de que entre la información incautada al jefe del aparato militar de la banda, Jurdan Martitegi, se ha encontrado un documento «del que se deduce» que la organización terrorista planeaba atentar con un coche bomba el mismo día de la investidura del socialista Patxi López como lehendakari, que tendrá lugar los próximos 4 ó 5 de mayo.
Tras una reunión con su colega británica, Jacquie Smith, el socialista se felicitó por la redada que ha vuelto a descabezar a ETA, y señaló que ese proyecto de ataque demuestra la «nefasta manía» de la banda de querer estar presente en la vida pública.
El máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad aclaró, no obstante, que en los papeles intervenidos «no se habla del lugar donde colocarían la furgoneta que Martitegi entregaría al comando ejecutor». Para certificar lo veraz de las especulaciones, Rubalcaba recordó que ya en las jornadas anteriores al Debate sobre el Estado de la Nación se interceptó una furgoneta que tenía un cometido similar, de modo que los planes de los asesinos «no suponen ninguna novedad». El único dato novedoso, continuó el jefe de Interior, «aunque cada vez lo es menos, es que hemos impedido el crimen».
Al hilo, el ministro aprovechó para incidir en que ya no hay espacio para la negociación con la banda, y subrayó que las declaraciones en las que el domingo revelaba la existencia de un fuerte debate interno en el seno de ETA en torno a la conveniencia de continuar o no con la lucha armada era «un mensaje a navegantes». «Mi intención era alertar de que si alguien cree que va a haber diálogo, que no pierda el tiempo, porque no será así», advirtió.
En todo caso, Rubalcaba insistió en que las discrepancias entre los terroristas son «bastante evidentes, no solo para el ministro del Interior, sino para todo el mundo».
Tales palabras habían sido prologadas horas antes por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien detalló que la banda «iba a empezar a actuar en Vitoria, la sede de las instituciones vascas».
Tras resaltar la importancia de la redada del fin de semana y recordar que «en poco menos de un año» tres jefes de la organización terrorista han caído, proclamó que el Estado es «hoy mucho más fuerte, y ETA está mucho más débil», aunque, como colofón, llamó a la prudencia porque los asesinos todavía tienen capacidad «para hacer daño».
EKIN lo niega todo. El valor que les sobra a los proetarras a la hora de organizar algaradas callejeras y amenazar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad se convierte en cobardía cuando comparecen ante un tribunal con la amenaza de una larga condena sobre el estrado.
Una vez más lo demostraron ayer ante el Supremo las defensas de 47 acusados en el macroproceso contra EKIN-KAS-XAKI, que renegaron de sus mentores terroristas y sostuvieron que la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2007 por la Audiencia Nacional no probó la existencia de una red de financiación mediante la que sus organizaciones financiaban a ETA.
El alto tribunal revisa desde ayer y hasta mañana las condenas contra 47 de los 52 imputados del entorno de la banda. Se trata de analizar los recursos de los acusados, así como la postura de la Fiscalía, que apoya una rebaja de las penas que oscila entre el 20 y el 30 por ciento.
A la hora de razonar sus aspiraciones de inocencia, Kepa Landa, uno de los letrados de los abertzales, cuestionó un informe de la Policía denominado Reunión de Responsables de Movimientos Udaletxe que aseguraba que el dinero que generaban las empresas de dicho entramado financió los atentados y la manutención de varios etarras refugiados en Sudamérica.
Acto seguido, Landa sí dio credibilidad a otro documento, elaborado meses antes, que aseguraba que «la fuente de financiación de ETA provenía de los secuestros y el impuesto revolucionario», «pero este segundo informe no se aportó a la causa».
La Audiencia condenó a 158 años a los 11 principales dirigentes de EKIN y KAS.
