La Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) exige públicamente al Gobierno que de manera inmediata unifique el criterio sobre la posibilidad o no de que el comercio pueda desarrollar el periodo de rebajas y “acabe así con la incertidumbre que ha provocado la disparidad de opiniones ofrecidas por los ministerios de Comercio y Sanidad”.
Para ACS, a la alarmante situación que atraviesa el pequeño y mediano comercio de la provincia de Segovia, agravado por la imposibilidad aún de pasar a la Fase 1, como ha hecho la mitad del país, “se une ahora esta inseguridad jurídica que provocan las distintas directrices emanadas del Ejecutivo nacional respecto al periodo de rebajas, que resultará fundamental para comenzar una tímida reactivación”.
Además, “la permisividad con las rebajas on line frente a las de las tiendas físicas, añadiría un nuevo factor de pérdida de competitividad para el comercio tradicional, especialmente castigado por esta crisis”, explican en una nota de prensa.
A juicio de los comerciantes, fundamentar la posible prohibición en el hecho de evitar posibles aglomeraciones “carece de sentido cuando ya hay establecidas limitaciones de aforo en los locales comerciales para las distintas fases, encaminadas a garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores”.
Por otro lado, la Agrupación de Comerciantes Segovianos ha dirigido un escrito al presidente de la Diputación de Segovia, en el que solicita que las líneas de ayudas que esta institución planifique y ponga a disposición del sector incluya no solo a las empresas que se ubiquen en el ámbito rural, sino también y, al igual que se ha hecho con el proyecto ‘Compro Segovia’, al comercio de la capital, “lo que redundará en beneficio del conjunto de los segovianos”.
ACS entiende que el pequeño y mediano comercio de Segovia necesita un apoyo claro de todas las administraciones, “dado que la situación de este sector se está agravando de manera progresiva y más ahora, cuando se le une la imposibilidad de que la provincia pase a la denominada Fase 1, con el consiguiente retraso en la apertura de establecimientos y reinicio de la actividad empresarial”.
Esta situación, asegura la Agrupación, “pone en riesgo la continuidad y supervivencia de muchas empresas y de muchos empleos en la capital y en la provincia”.
