El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar las escuchas entre varios imputados del caso Gürtel en prisión y sus abogados cree que hay indicios para juzgarle por delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.
En un auto notificado ayer, el letrado Alberto Jorge Barreiro acordó que continúe el procedimiento y dio 10 días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.
El pleito contra el suspendido magistrado de la Audiencia Nacional por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el caso Gürtel al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también el presunto cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y su segundo, Pedro Crespo.
Garzón, que declaró en el Supremo como imputado por esta causa el pasado 10 de mayo, justificó su actuación diciendo que ordenar las escuchas era la «única vía» para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados, lo que para Barreiro era una «mera posibilidad».
Para este juez, los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales son de incuestionable gravedad, pero eso no justifica, cuando no concurren sospechas incriminatorias contra los letrados que asisten a los imputados, la limitación del derecho de defensa «hasta extremos que lo hacen impracticable o totalmente ineficaz».
«No parece, pues, desmesurado afirmar que si el juez querellado hubiera acordado la incomunicación jurídica de los imputados es muy posible que su defensa tuviera una mayor eficacia, pues al menos no se autoincriminarían ni aportarían fuentes de prueba en contra de sus propios intereses procesales», añadió. El auto afirma que Garzón dictó dos resoluciones «ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías constitucionales del proceso penal que han ocasionado».
«Tales decisiones -agregó- generaron lo que debe considerarse, por su contenido y efectos, como una amputación del derecho fundamental a la defensa». El auto recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la intervención de las comunicaciones entre el letrado y su cliente en las excepciones en que se instrumentalice el ejercicio de abogado para la comisión de conductas delictivas, pero añade que debe quedar claro que los supuestos en que se autorice han de ser «extraordinarios». Para el instructor, hay señales de que Garzón «vació de contenido el derecho de defensa de los imputados y lesionó uno de los principios básicos del sistema procesal penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de Derecho». Barreiro también criticó al instructor de la trama en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que avaló las escuchas.
Conocidos testigos.- El juez Baltasar Garzón se dio prisa nada más conocer la demoledora resolución y solicitó al Tribunal Supremo que tome declaración como testigo al instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira. En un escrito remitido ayer al Supremo, el que fuera juez de la Audiencia Nacional, ahora suspendido, solicitó que también sea llamado a testificar el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri y fue quien presentó la querella contra él.
Este abogado visitó en prisión a otros presuntos implicados para preparar la defensa de su cliente, donde fue grabado. Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón.
Además, Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo, pidió que testifiquen los funcionarios policiales y jefes de la investigación relacionada con la interceptación de las comunicaciones y que él mismo sea citado a declarar.
Otra de las peticiones que formula es que le remita una copia de las diligencias llevadas a cabo en esta causa, así como de todas las actuaciones practicadas por Pedreira en el TSJM, incluidos los últimos autos del magistrado instructor.
Además, quiere que la Sala Segunda del Supremo una a las actuaciones todas las sentencias dictadas en los últimos cinco años que hayan anulado resoluciones judiciales que hubieran ordenado la grabación de comunicaciones de los acusados, mencionando en cuáles de ellas se ordenó actuar contra el tribunal.
El pasado 10 de mayo Garzón ya declaró como imputado ante Barreiro y aseguró que ordenar las escuchas era la «única vía» para evitar que los imputados ocultaran pruebas.
