Táchenme de escaso de entendederas, pero por más vueltas que le doy a los planes de desescalada menos entiendo la regulación. En primer lugar y como base de partida, no está plasmada en una norma jurídica. Es posible que hoy se apruebe en el Consejo de Ministro, pero solo posible. Y no sería raro que pasado mañana se rectifique. No, no es sarcasmo, es realidad. El Gobierno ha ido legislando a saltos, y en ocasiones enmendando sobre la marcha; incluso aprobando órdenes ministeriales que chocan con una norma de rango superior como es un real decreto ley. Y el ejemplo lo tengo reciente: la Orden 371/2020 de 28 de abril del Ministerio de Trabajo contradice al artículo 34 del RDL 11/2020 de 31 de marzo en lo que se refiere a las empresas que se pueden acoger a la moratoria del pago de las cotizaciones sociales. Ahora se limitan a doce categorías según la clasificación económica que posean (CNAE) cuando antes solo lo tenían limitado —por pura lógica— aquellas acogidas a una suspensión de empleo por fuerza mayor.
Por lo demás, y siguiendo con el memorial de agravios, las fases no tienen fechas precisas, y aunque parece que para San Juan puedan levantarse el grueso de las restricciones nadie en su sano juicio podría ser capaz de asegurarlo. Y hasta cierto punto es lógico, lo reconozco, porque no se conoce a ciencia cierta el comportamiento del virus ni la evolución de la pandemia. Lo que no son tan comprensibles, sin embargo, son algunas medidas que parece que se incluirán en la regulación —si es que se produce— de la desescalada. ¿A qué se refiere el Gobierno cuando dice que en la fase III los establecimientos hosteleros deberán mantener “estrictas condiciones de separación entre el público”?; ¿está hablando de las famosas mamparas o simplemente de los dos metros de rigor? Y sigo: ¿de verdad cree que la hostelería le será rentable abrir con las limitaciones de aforo en las fases II y III? Y aún más: ¿si el día 10 de mayo no se prorroga el Estado de Alarma y por lo tanto decaen de manera general los ERTE por causa de fuerza mayor, afectará también la medida a quienes se ven obligados a cerrar el 70 o el 50% de su negocio por las restricciones de la desescalada? Todas estas dudas generan no solo inseguridad jurídica sino también la sensación de que se quiere dar una imagen de vuelta a la normalidad que dista mucho de ser real y más bien se acerca a lo que es puro márquetin político.
Porque, además, ¿qué expectativas de demanda, y por lo tanto de desarrollo de negocio, van a existir cuando está limitada la circulación entre provincias al menos hasta el final de la III fase —la fecha de San Juan dicha—? El asunto me toca de cerca y voy a poner un ejemplo que se le puede aplicar a comercios segovianos enfocados al turismo, o a establecimientos hoteleros o a concesionarios de venta de automóviles: La Pinilla tiene una importante actividad de verano al aire libre en su Bike park. El 95% de su clientela procede de fuera de Segovia. Por mucho que se le permita y por muchas medidas de seguridad que adopte, ¿va abrir sus puertas, con el coste que conlleva, con una expectativa de 5% de su clientela habitual? Muchos propietarios de establecimientos, que se reconocen en la misma situación, se están planteando un “lock-out” ante los problemas de la regulación, y eso sí que daría una imagen nada propicia para la pretendida reactivación económica. Y para no perder el tono de este artículo, termino con la enésima pregunta: ¿de verdad era tan complicado haber pactado previamente las medidas con los sectores implicados, que en realidad son todos: empresarios, trabajadores, ayuntamientos y comunidades autónomas?
