El Ejecutivo puso ayer techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del FROB y a las que han tenido que ser intervenidas. En concreto, el sueldo de la cúpula no podrá superar los 600.000 euros en el primer caso y los 300.000 en el segundo. Asimismo, el Consejo de Ministros acordó dotar con hasta 15.000 millones euros a la línea del ICO, que permitirá a las Autonomías afrontar los pagos pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda.
«Razonable». Así es como el ministro de Economía, Luis de Guindos, calificó el techo máximo que el Gobierno estableció a los emolumentos de bancos y cajas que hayan recibido ayudas públicas y a los intervenidos. La decisión fue tomada tras recibir el informe del Banco de España sobre dichos sueldos, y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España.
El Ejecutivo limitó a 600.000 euros el salario de la cúpula en el caso de las entidades que hayan recibido ayudas públicas, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.
En el caso de las empresa financieras con créditos públicos, queda asimismo suspendida la retribución variable, y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Además, los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.
De este modo, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 65 y el 67% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas firmas podrán recibir una paga máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.
Aún mayor será el descenso en el caso de las entidades intervenidas, en las que su cúpula verá limitado su sueldo a 300.000 euros, tal y como anunció De Guindos.
El personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes y del 66% en el de los consejeros. Asimismo, el Gabinete eliminó para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, estas limitaciones de sueldo se fijan en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público, «del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad».
Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que exige, entre otras decisiones, una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos mobiliarios.
La otra gran medida adoptada en el Consejo de Ministros fue la de conceder 10.000 millones de euros a la línea del ICO que permitirá a los Gobiernos regionales afrontar las facturas pendientes con proveedores y financiar vencimientos de deuda.
La dotación, adelantada por Sáenz de Santamaría, se podrá ampliar a 15.000 millones, previo acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Sin embargo, su acceso estará condicionado al cumplimiento de las exigencias en disciplina presupuestaria.
