Hay una propensión, apreciable últimamente, a aprovechar una situación extraordinaria como la pandémica que sufrimos para limitar los derechos ciudadanos o el constitucional reparto de poderes. Lo preocupante es que no responda, de nuevo, a la improvisación de un Gobierno que con posterioridad se ve impelido a rectificar, sino a la ideología de una de las partes que compone el propio Ejecutivo. Las críticas del vicepresidente del Gobierno al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el privilegiado juicio realizado a una compañera de partido aun siendo grave casi no adquiere relevancia ante su seguridad de que el Tribunal Supremo la va a absolver, lo que supone una intromisión intolerable en la autonomía del poder judicial, rompiendo una tradición consolidada en nuestra Carta Magna y que deriva del ”Espíritu de las leyes” de Montesquieu, de mediados del siglo XVIII.
Y no es una anécdota de un partido que parece que está más concebido para la calle que para el gobierno de la cosa pública, sino, como decíamos, describe una tendencia que puede tener en el futuro unas consecuencias no deseadas. La situación actual de limitación, no solo de suspensión, de derechos fundamentales corresponde a un Estado de Excepción más que de Alarma. No es una cuestión semántica, sino que nos tememos que va a tener su repercusión en la retahíla de próximos recursos que se esperan sobre las sanciones administrativas efectuadas hasta hoy. Pero también es un aviso para no bajar la guardia hacia lo por venir. Medidas futuras como el control de movimientos a través de una aplicación móvil o confinamientos de un sector de la población tienen que tener la regulación precisa para no saltarse los límites constitucionales. Con normalidad se ha aceptado en estos días la prevalencia de la Seguridad ante la Libertad; pero es esta una medida extraordinaria que no debe extenderse más allá del alcance que su propia naturaleza permite. Y lo que se dice para los ciudadanos afecta al resto de instituciones. El Estado de Alarma deposita la iniciativa política en el Gobierno, pero los poderes del Estado siguen funcionando. Entre ellos el judicial y el legislativo. Y deben actuar con independencia. La ley de 1981 que regula los estados de Alarma, Excepción y Sitio especifica muy claramente que la declaración de cualquiera de ellos “no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado”, por lo que cualquier decisión de las autoridades administrativas “será impugnable en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.
Y uno de estos derechos es al disenso político, que no está interrumpido por el Estado de Alarma. Desde este periódico hemos instado al consenso. Los países que se han visto menos afectados por la pandemia o que están saliendo más prontamente son, significativamente, aquellos en los que predomina el consenso político. Pero ello no lleva a demonizar la crítica política ni, más allá, a tildar a quienes se saltan los límites de la veracidad, sea por el medio que sea, como sujetos a perseguir. Se podrá tener el juicio ético que se quiera sobre ellos, y el nuestro es especialmente severo, pero un bulo o una mentira solo tiene relevancia jurídica si se puede subsumir en algún tipo penal. Ese es también el límite de actuación de la Guardia Civil.
La crisis económica en los medios
Y en la labor de información veraz, honesta y general juegan un papel esencial los medios de comunicación. No son un poder del Estado, ni mucho menos, pero sí un instrumento idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión. Su actuación fue declarada esencial por el primer decreto ley de 17 de marzo y, sin embargo, ha sufrido la discriminación en la regulación laboral del Gobierno, que ha rectificado tarde y mal. Los datos económicos generales que presentan las empresas son alarmantes. La caída en inversión externa –generalmente publicidad- ha sido en el mes de marzo del 48,2%. A ello se unen las pérdidas de suscripciones por el cierre de establecimientos hosteleros y por la negativa de Correos en un primer momento de proceder al reparto a suscriptores particulares. La afección financiera de la crisis ha sido mayor ante las reticencias de las entidades bancarias a otorgar créditos para liquidez con el aval del 80% del Estado por la consideración del sector como de especial riesgo que, incluso, requiere de un procedimiento especial en la tramitación de sus solicitudes. Estos impedimentos contrastan con la ayuda de 15 millones de euros que uno de los reales decreto leyes otorgó a las operadoras de TDT, que pertenecen a grandes corporaciones. Pero la responsabilidad no solo recae en la administración central sino también, y en sus respectivos ámbitos, en otras administraciones como la autonómica, provincial y local que han tenido que cancelar sus campañas y que harán bien si las sustituyen por otras o por iniciativas semejantes. En todo caso, deben ser conscientes de que los medios de comunicación, en especial los locales, son un patrimonio inmaterial de la comunidad en la que se insertan y de que, además, realizan un impagable servicio público. Alguno de ellos desde hace más de 100 años.
