El gobernador del Banco de España, Luis Linde, en el primer informe anual que presentó ayer desde que asumió el cargo, señala que la reforma laboral no ha servido por ahora ni para evitar la destrucción de empleo ni para impulsar su creación y propone medidas más audaces, como los contratos fuera de convenio o la supresión del salario mínimo para parte de los trabajadores. También aboga por otras reformas, como adelantar la aplicación del retraso a los 67 años de la edad de jubilación.
El supervisor señala en su memoria correspondiente a 2012 que el riesgo de que el paro de larga duración se haga «crónico» es «muy preocupante», y propone explorar la posibilidad de contratar con carácter «excepcional» por debajo de salario mínimo interprofesional (SMI) -situado en 645,30 euros al mes- a trabajadores «con mayores dificultades para su empleabilidad».
Así, señala que, tras cinco años de destrucción de puestos de trabajo, la tasa de paro ha alcanzado «tasas inaceptables y el riesgo de que las situaciones de desempleo de larga duración se hagan crónicas es muy preocupante, máxime si se considera la elevada incidencia de los jóvenes y de la población con baja cualificación en este colectivo».
Dicho esto, aunque cree que los resultados de la reforma laboral a la hora de frenar el desempleo son «esperanzadores», considera que «no son todavía suficientes» en el caso de la contratación, «aunque probablemente ésta sea una de las áreas en las que las medidas necesitan tiempo para desplegar todos sus efectos».
Las medidas que plantea Linde suponen, en el primer caso, que las empresas pudiesen contratar pagando menos de lo que exigen los convenios colectivos de sectores o empresas, algo visto con muy buenos ojos por los empresarios y la patronal. En el segundo caso, suprimir el salario mínimo para los trabajadores con menos cualificación o de segmentos de edad con mayores dificultades para encontrar trabajo. Para ello, apuesta por «explorar mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de empleados con mayores dificultades para su empleabilidad».
Además, plantea «establecer nuevas fórmulas que permitan, en casos especiales, la desviación temporal respecto a las condiciones establecidas en la negociación colectiva», así como «asegurar que la reducción del alcance de las cláusulas de indexación salarial no revierta en fases de crecimiento económico».
En materia de pensiones, el Banco de España cree que garantizar cuanto antes la sostenibilidad del sistema aportaría gran certidumbre sobre la voluntad reformista de España, sin tener impacto sobre las condiciones laborales y sociales actuales.
Por ello, recalca que es preciso diseñar «como está previsto» en el Plan Nacional de Reformas un factor de sostenibilidad «que posibilite modificaciones automáticas de los parámetros del sistema que permitan garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo».
Más aún, en línea con las recomendaciones de Bruselas, Linde señala que «sería aconsejable anticipar la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación (hasta los 67 años) y del alargamiento del período de cálculo de la base reguladora (de los 15 a los 25 años)», dado que, desde la entrada en vigor de la reforma de las pensiones de 2011, «el problema se ha intensificado» y «los plazos acordados resultan muy dilatados».
Las respuestas a las sugerencias del supervisor no se han hecho esperar. Así, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que el Gobierno «es independiente» del supervisor, aunque escucha y atiende las recomendaciones y propuestas que se le hace. «El Banco de España ha hecho unas recomendaciones. Es un ente independiente, y el Ejecutivo es un ente independiente del Banco de España», zanjó el ministro.
Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que la cifra de los empleados que cobran el SMI es «muy acotada», si bien aclaró que esto no quiere decir que se pronuncie «ni en un sentido ni en otro».
