De la pandemia del Covid 19 la economía española va a salir especialmente dañada, dada su incidencia superlativa (España es el país del mundo con mayor número de infectados y muertos por cada millón de habitantes). Los impactos fundamentales de esta epidemia van a ser las bajas en el tejido empresarial, especialmente en las pymes y autónomos, y en la destrucción de empleos, que será mayor cuanto más dure la paralización del país. Aún es pronto para realizar estimaciones aproximadas, pero llevabamos en la segunda mitad de marzo 898.822 bajas netas de afiliación a la Seguridad Social, a los que hay que añadir 258.645 trabajadores afectados por los ERTEs, y una reducción mensual de 122.240 empresas que cotizan a la Seguridad Social. Parece claro que abril, mayo y tal vez junio van a seguir la misma tendencia e incluso peor de destrucción del tejido empresarial y de empleo, cebándose en la parte más débil, las pymes y autónomos, por los que el Gobierno está haciendo muy poco. Está cantado que España va a entrar en una profunda recesión, dado que se estima que la caída del PIB puede estar en torno al 10% o más, debido a la paralización de la economía y al impacto en sectores de fuerte peso específico, como el turismo y la hostelería, la automoción, la construcción, el comercio y otros servicios. Y, sin embargo, el sector agropecuario, en muchos casos no tiene quien le haga las labores para garantizar el suministro agroalimentario. La presidenta del FMI ha declarado que esta crisis económica va a superar en profundidad a la Gran Depresión de 1929.
Las medidas ya adoptadas y que se aprobarán para paliar el parón de la economía en lo que dure la pandemia en nuestro país, han sido cuantificadas por el Gobierno, durante el debate parlamentario del jueves día 9 de abril, en una primera estimación para lo ya aprobado en 128.288 millones de euros, que se verán incrementados considerablemente en un futuro. El subsidio de “renta mínima”, aún pendiente de aprobación, se estima que costará entre 4.000 y 5.000 millones de euros adicionales. El impacto en la deuda pública consolidada española, derivado del importante déficit público, supondrá que nos vayamos a ratios en torno al 115/120% sobre el PIB, escasamente asumibles para el desenvolvimiento económico de España.
Por esa razón España está tratando de endosar sus necesidades de financiación adicionales, que van a ser superiores a esos 100.000 millones de euros largos más lo que necesitemos invertir en la reconstrucción de la economía tras la pandemia, a los “socios” de la Unión Europea, a través de la mutualización en la emisión de “coronabonos”, dado que la financiación bancaria avalada por el ICO se refinanciará con líneas de crédito del BCE o del BEI. Sin embargo, el problema es que España ha cerrado su ejercicio 2019 con un incremento provisional de PIB del 2%, que la cifra de déficit público provisional se ha situado en 33.000 millones de euros (2,7% del PIB) y con un endeudamiento público superior al 95% del PIB (en Italia 130%), en contraste con países como Alemania y Holanda, que tienen un endeudamiento del 62% y 52%, respectivamente, por tener unas políticas presupuestarias más rigurosas. Por ello esos países prósperos del norte no aceptan mutualizar una deuda pública que necesitan, sobre todo, Italia y España para financiar con esos “eurobonos” sus respectivas crisis y con ello diluir sus primas de riesgo, a costa de los socios europeos más previsores. El pasado jueves día 9, tras arduas negociaciones en el Eurogrupo, se alcanzó un acuerdo por el cual el fondo europeo de rescate (MEDE) pondrá líneas de crédito por importe de 240.000 millones de euros para financiar a los estados miembros, ¡¡sin exigir ajustes ni reformas estructurales a cambio!!; el Banco Europeo de Inversiones pondrá a disposición de las empresas créditos por 200.000 millones de euros y el Fondo de la Comisión Europea financiará a los afectados por ERTEs un importe de 100.000 millones de euros.
Con ser importantes los costes de las medidas que se adopten, el verdadero reto es la reconstrucción y vuelta a la normalidad de la economía española, cuando, por fin, superemos la epidemia del Covid 19. Es evidente que esta hecatombe humanitaria, pero también social y económica, puede segar muchas vidas no sólo humanas, sino también empresariales y de empleo. También parece claro que esta pandemia va a modificar la estrategia de los ciudadanos como consumidores, de las empresas y también del sector público. Los consumidores tendrán que centrar sus gastos en sobrevivir con los ingresos que tengan y en algún caso tirando de ahorros, pero sobre todo reestructurando su consumo, adaptándose a la nueva situación. En el plano empresarial el gran ejemplo lo aporta Inditex ya que, aparte de sus donaciones de respiradores y otro equipamiento sanitario, las empresas de Amancio Ortega, han reorientado su producción textil a la fabricación de batas sanitarias y su red logística ha trocado la importación de moda para traer material sanitario de China. SEAT ha dejado de fabricar automóviles para dedicarse a producir respiradores hospitalarios, tan necesarios y escasos para salvar vidas. El Gobierno ha encargado al Grupo Mondragón, que pasaba por dificultades financieras, millones de mascarillas y otro material protector. El grupo Puig, Repsol y algunas destilerías, entre ellas la segoviana Dyc, se han dedicado a proporcionar alcohol sanitario y a producir hidrogeles. La caída de la demanda en sus productos habituales, al menos por el momento, les ha provocado plantearse si cerrar o reinventarse. El sector público tendrá que redirigir sus presupuestos a suprimir muchos gastos e inversiones innecesarias en estos momentos y sustituirlos por los relevantes gastos para combatir el coronavirus o apoyar a los afectados, tampoco pueden pensar que van a recaudar lo previsto en concepto de impuestos, por lo que también todas las administraciones públicas se tendrán que reinventar.
Pero el tema peliagudo es la vuelta a la normalidad, primero con un plan de desescalada gradual y prudente de las restricciones sanitarias, pero, a continuación, será necesaria la implantación de un Plan de Reconstrucción de la economía española que lo posibilite. Va a ser muy complicado recuperar la “marca España” en turismo extranjero (en 2019: 84 millones de viajeros y 92.000 millones de euros de facturación), dada la alta mortandad y la mala gestión de la pandemia, que pudiera haber provocado desconfianza en la sanidad española; ello incidirá negativamente en la balanza de pagos que verá reducir las exportaciones, aunque también se moderarán las importaciones y el precio del petróleo y los tipos de interés bajos permitirán mitigar algo estos efectos.
El sector industrial puntero y exportador de la automoción, que representa el 10% del PIB y el 9% del empleo, precisará de un plan de choque nacional fuertemente respaldado por el gobierno, para estimular la demanda nacional basado en la renovación del parque automovilístico, para apoyar las inversiones y agilizar la logística y reiniciar la actividad de las 17 fábricas ubicadas en suelo español, así como eliminar la incertidumbre generada por el cambio de modelo energético. El sector agroalimentario continuará funcionando, pues casi no ha sufrido parón en su actividad, salvo producciones muy ligadas a la restauración (corderos y cochinillos) que precisarán de ayudas, pero requerirá apoyo para mantener sus exportaciones, así como en algunas cosechas o actividades habrá que diseñar políticas para proveerlas de la mano de obra necesaria. La construcción, que iba levantando cabeza poco a poco, representa el 6% de la economía y su recuperación va a depender tanto del relanzamiento de la obra pública civil como de la inversión en viviendas para alquiler, por lo que habrá que diseñar medidas de fomento que afronten esas cuestiones. Pero, sin duda, uno de los aspectos más relevantes para la reconstrucción es recuperar el tejido compuesto por pymes y autónomos, que van a ser los más perjudicados por la crisis y son 2,8 millones de empresas (de 0 a 249 empleados), que dan trabajo a más de 10,5 millones de personas, y 3,28 millones de autónomos.
El Gobierno actual ya ha estimado que tardaremos, al menos, un año en llegar a la normalidad (ojalá) y dice trabajar asesorado por expertos en el diseño de un Plan de Reconstrucción para ofrecer unos Pactos de la Moncloa a todos los partidos políticos, autonomías, agentes sociales y económicos, entre otros. Dicha propuesta de pactos no debe ser una maniobra política, para diluir las responsabilidades del actual gobierno español en la deficiente gestión de la pandemia o para dar cobertura a un cambio de sistema económico hacia el colectivismo que pretende la extrema izquierda coaligada, sino un potente paquete de medidas concretas imprescindibles para reflotar la economía española y salvar el mayor número posible de los puestos de trabajo hasta reestablecer la normalidad, que también puede y debe ser aprovechado para reformar por consenso el marco político contenido en la Constitución, para garantizar la independencia de la Justicia respecto de los otros dos poderes, perfeccionar los sistemas electorales mejorando su representatividad, reflejando la incorporación al texto constitucional de la línea sucesoria femenina en la Corona y racionalizando los privilegios y prebendas de los que goza la clase política, entre otros asuntos. Tal vez para llevarlo a cabo sería imprescindible formar un nuevo Gobierno más reducido, firmemente constitucionalista, con perfil más técnico y con equilibrio de las fuerzas políticas que firmen los pactos. No son tiempos para la ideología y el dogmatismo, sino para la gestión eficiente ¿Estará dispuesto el PSOE a tener semejante altura de miras?
