Cuando ustedes tengan a su disposición está crónica se estarán dando los primeros pasos en la vital cumbre de la Unión Europea sobre las medidas anti crisis. ¿Qué es lo que convendría a España y a otros países azotados por la pandemia vírica y económica?: Un presupuesto expansivo de la UE, que se fijara en alrededor del 10% del PIB de los países que la componen. Un salto cualitativo y cuantitativo en lo previsto hasta ahora. Sería un instrumento de intervención directa y no meras transferencias financieras reintegrables que penalizan los ratios de endeudamiento de los países —ayer la prima de riesgo española ascendió a los 161 puntos básicos— y por lo tanto comprometen su solvencia ante los mercados libres. Supondrían una reedición de aquellos fondos estructurales que entre Felipe González y Jacques Delors (el añorado presidente de la Comisión) sacaron adelante y que tanto bien hicieron a nuestro país.
Pero claro, una expansión fiscal de este tipo tiene que ser financiada. Los países contribuyentes netos (ojo a la falacia: los países contribuyentes netos o son paraísos fiscales dentro de la UE o son los máximos beneficiarios de la ampliación de la comunidad a 27 —que maldita la falta que hacía— y de la implantación del euro) se negarán a transferir más créditos de sus presupuestos. Ya recogimos en anteriores artículos la propuesta, entre otros, del parlamentario español Luis Garicano. Ayer se sumó a ella George Soros —que algo sabrá de mercados financieros, él que buceaba en ellos como tiburón hambriento—: una emisión de bonos perpetuos cuyos intereses se pagarían con impuestos de la propia UE. Son bonos en los que no hay que rescatar el capital salvo que su emisor lo decida. No es la primera vez que se utilizarían. El Reino Unido emitió una deuda para financiar la Gran Guerra, y la ha rescatado un siglo después.
Eso está muy bien, pero no es lo que practica el Gobierno en casa. Seguimos insistiendo en que en nuestro país no está llegando como debiera la ayuda a las empresas necesitadas de tesorería. La falta de liquidez produce a la larga déficit de solvencia, y este lleva a la quiebra, y esta afecta a un vasto territorio de pequeños proveedores y acreedores. Hasta ahora se han concedido 11.700 millones de euros en avales que han permitido canalizar financiación por importe de 15.100 millones. Pero los criterios están siendo tan particulares —empresas solventes, con cuota Cirbe y en la proporción de cuota Cirbe en la entidad, solo para cubrir déficits financieros puntuales y en meses determinados…— que únicamente en algunos casos va a conseguir la medida sus objetivos. El Gobierno aprobó el pasado martes una retahíla de propuestas, pero en ocasiones parece que se quisiera focalizar más en las personas físicas que en las jurídicas. Entre las iniciativas, destaco dos: una por su importancia y otra por su ausencia. Las empresas de sectores considerados esenciales que realicen un ERTE podrán acogerse a la causa de fuerza mayor y no solo productiva o económica por las suspensiones o reducciones de la parte de la actividad no afectada por el mantenimiento de la producción —la diferencia es sustancial, porque ahora las menores de 50 trabajadores estarán exentas de pagar las cotizaciones sociales—. Llega incomprensiblemente tarde y con incógnitas. A la que no se le ve el pelo es a la reducción del límite del 75% de mermas de ingresos que los autónomos tienen que demostrar para percibir ayudas directas. No sé cómo puede subsistir un autónomo que ve disminuir su facturación un 70 o un 60 o un 50%. Debería reducirse ya esa tasa, aunque nos alegremos de que ahora — ahora— ya puedan acogerse los afectados al sistema de estimación directa y no obligatoriamente al de módulos.
