El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, ha remitido una carta al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, para que incluya en los préstamos del Instituto para la Competitividad de la Comunidad (ICE) a los mutualistas de la abogacía de la región y no solo a los profesionales incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un colectivo que aglutina a más de 5.000 abogados, que han visto parada su actividad a causa de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, como la mayoría de autónomos del país.
En concreto, la abogacía de Castilla y León solicita al Gobierno autonómico que no deje fuera de esta medida a letrados que también necesitan de una inyección de liquidez para sostener sus actividades tan dañadas y paralizadas por la crisis sanitaria. Los préstamos que ofrece el ICE, de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con una carencia de hasta 12 meses y una amortización de tres años, pueden suponer una balsa importante para los letrados de la Comunidad. “En su mayoría, los abogados ejercemos con cobertura de derechos pasivos con la mutualidad de la abogacía, al igual que otros profesionales como la procura, graduados sociales, médicos o arquitectos, que se encuentren incluidos en régimen de mutualistas y que, por tanto, quedarían también fuera de estas previsiones y ayudas”, explica el presidente del CACYL.
El Instituto para la Competitividad permitirá bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y autónomos, y movilizará un valor global de 20 millones de euros, pero no contempla la figura de los abogados mutualistas.
ABOGACÍA PARALIZADA
Las necesidades de financiación y de subvención públicas para la prestación de servicios por parte de los profesionales de la abogacía es una realidad en los duros momentos actuales. Las ayudas solicitadas permitirán paliar el efecto de las necesidades sobrevenidas de los abogados ejercientes cubiertos por mutualidades, de modo equitativo a las medidas específicas para los trabajadores del RETA. Un trato acorde a la situación excepcional provocada por el agente patógeno, ajena al curso normal de la economía y que obedece al interés general.
El sistema de mutualidades es de carácter privado, pero se trata de una cobertura social obligatoria dispuesta por la ley, sistema que se ve afectado por las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno con el fin de afrontar las consecuencias de la pandemia.
