Marzo negro, negrísimo, para el mercado laboral español. Hablamos de paro y de pérdida de empleo. Siempre que se quiera realizar un diagnóstico fiable hay que ligar uno a otro. Y las cifras dicen que en el mes de marzo la lista de demandantes en el Sistema Público de Empleo Estatal aumentó en 302.265 personas, pero –y quizá este dato es más significativo- el sistema de Seguridad Social –trabajadores afiliados- registró un descenso de 833.979 personas. La pérdida de estos cotizantes es la señal de la profundidad de esta crisis. Con respecto a los últimos doce meses la afiliación media cae un 0,19%, lo que indica que por primera vez desde la recuperación económica se ha perdido todo el empleo creado en un año. Por supuesto que en estos parámetros no están recogidos los alrededor de 1.500.000 de trabajadores afectados por ERTE, dado que sus contratos han sido suspendidos, pero no están fuera del sistema.
El problema va a surgir cuando estos trabajadores se reintegren a sus empresas una vez terminado el periodo de suspensión laboral. Por normativa, los ERTE tienen una duración igual al periodo de prolongación del estado de alarma. Y también otra norma, el RDL 9/2020 en su artículo 2, expresa que la fuerza mayor y las causas económicas, organizativas y de producción no se podrán entender como justificativas para extinguir un contrato o para proceder al despido. Es decir, que se interrumpe la eficacia del apartado del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que regula el despido objetivo. ¿Seguirá suspendido una vez se levante el estado de alarma y por lo tanto decaigan los ERTE? Si se levanta la suspensión es posible que las cifras de paro se eleven en el mes de abril o de mayo, y si no se levanta muchas empresas entrarán en “shock” por la ausencia de liquidez derivada de la paralización de la actividad y por la necesidad de hacer frente a las nuevas cargas salariales y sociales que se les avecinarían. Todo ello sin obviar la gravedad de una medida –la suspensión del despido objetivo- que se inmiscuye de lleno en el espacio de organización y dirección del empresario, y que puede entenderse para determinados procesos excepcionales con contrapartidas, pero no cuando dejan de existir unos y otras.
No nos cansaremos de insistir desde esta tribuna en la urgencia de que las empresas cuenten con liquidez, y lo antes posible. Las cifras actuales –ridículas- y la tardanza en su desarrollo son preocupantes. El 65% de la actividad productiva española está paralizada, con fuerte afección a la hostelería y a la construcción. Lo que ahora urge es la reactivación, no tanto el déficit público. Aún así, la Unión Europea, consciente de la preocupación por el gasto nacional y la dificultad de acceso al mercado financiero en estos momentos si no se mutualiza la deuda, ha previsto un mecanismo de préstamos de carácter temporal de hasta 100.000 millones de euros para financiar los ERTE y para evitar destrucciones de empleos masivas, la alternativa a la suspensión. Está muy bien esta medida que irá destinada, fundamentalmente, a Italia y España, los países más afectados. Pero el problema del día después sigue sin resolverse. ¿Cómo se financiará la salida de la crisis? Alemania y Holanda se oponen frontalmente a la emisión de bonos –los llamados coronabonos-, y el recurso a las líneas de crédito del fondo de rescate europeo (MEDE) conlleva intervenciones en la economía –¿recuerdan a los hombres de negro?- que no son aceptadas por los posibles receptores de las ayudas. Se llegó tarde a la imposición de medidas sanitarias. Se corre el riesgo de llegar también tarde a la adopción de iniciativas económicas.
