Problemas informáticos mantienen paralizados desde hace varias semanas los expedientes de subastas judiciales.
El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de noviembre un Real Decreto que establecía un sistema único de constitución telemática de los depósitos necesarios para participar en las subastas judiciales y notariales a celebrar en sede electrónica. Se anunció con el fin de favorecer la concurrencia de postores, alcanzar mayor rendimiento económico de los bienes subastados e implantar un sistema más transparente. De hecho, en la actualidad el 95% de las subastas judiciales se declaran desiertas. Pero el sistema todavía no está operativo aún en ninguna provincia, y ello impide a los juzgados segovianos ejecutar subastas, una actividad que se incrementó desde el comienzo de la crisis y que afecta a numerosos procedimientos hipotecarios.
Viviendas y suelos de la banca, representan la mayoría de las subastas judiciales que debían hacerse a través de internet. Sin embargo, el sistema todavía no ha arrancado, tal como han reconocido fuentes judiciales, que señalan que están haciéndose numerosas notificaciones a los afectados a través de diligencias, señalando la incidencia y su retraso.
Los bienes objeto de subasta se anuncian en la web del Boletín Oficial del Estado. En ella se dan a conocer bienes inmobiliarios, muebles y automóviles. En el portal se realizan subastas judiciales (efectuadas por los juzgados, bajo la responsabilidad del secretario judicial), y subastas notariales (efectuadas por las notarías, bajo responsabilidad del notario). Progresivamente se incorporarán también las subastas administrativas.
La puesta en marcha del portal (http://subastas.boe.es) supone que este será el único medio para la ejecución de subastas judiciales y notariales, poniendo fin a la figura clásica del subastero, especializado en la adquisición de activos en subastas cuya información de celebración dependía de los anuncios expuestos en los juzgados, poco accesible en general para cualquier ciudadano poco habituado a esta práctica.
Los ciudadanos podrán realizar sus pujas desde cualquier lugar, día y hora durante los veinte días que dura la subasta, lo que incrementa su accesibilidad y supone una gran comodidad y una reducción considerable de los gastos que debe asumir el postor por participar. También incentivará la participación, ya que el sistema garantiza el anonimato de los postores, con lo que se eliminan las posibles presiones de los profesionales de las subastas, uno de los grandes inconvenientes que generaba el sistema anterior.
La información sobre los activos que se subastan, tasación, acreedor, lugar… es accesible para cualquiera en el portal. Pero para poder pujar en estas subastas es imprescindible disponer de un certificado electrónico reconocido de persona física y constituir el depósito correspondiente (5% del valor de tasación del lote).
La norma, en lo referido a las subastas judiciales, persigue entre otros objetivos «garantizar la fiabilidad de las transacciones a través del control de usuarios mediante certificados electrónicos reconocidos» y «garantizar la transparencia mediante la implantación del sello de tiempo y la trazabilidad de todos los procesos».
