Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer la reforma del Estatuto de Autonomía presentada por los Grupos Popular y Ciudadanos para la supresión de los aforamientos de los procuradores y miembros del Ejecutivo en la Comunidad al no contar con el apoyo del grupo mayoritario en la Cámara, el Socialista.
Al tratarse de la norma autonómica de mayor rango, para su reforma era necesario contar con una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara (54 de 81 procuradores), que en esta legislatura solo puede conseguirse con el acuerdo entre los grupos con mayor número de representantes: PSOE, PP y Cs o PSOE y PP, una aritmética que no se consiguió en esta ocasión, al haberse abstenido el Grupo Socialista.
Por parte de los impulsores de esta reforma, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, criticó la oposición del PSOE a eliminar los aforamientos en la Comunidad al ejemplo de otras autonomías en España, que tiene su razón de ser, según el portavoz, en que los socialistas «no están interesados» en eliminarlos «a la vista de lo ocurrido con los ERE en Andalucía y con el ministro Ábalos».
«Dejen de enredar y voten sí», instó De la Hoz a los socialistas, a los que propuso empezar un diálogo «sosegado y profundo mañana mismo» sobre una posible reforma más amplia del Estatuto de Autonomía a cambio de que los socialistas dieran su voto favorable a la propuesta de PP y Cs.
Sin embargo, los socialistas rechazaron esta propuesta al considerar que no se cumplió con la exigencia de su grupo de incluir en esta reforma estatutaria el blindaje de un suelo social para la Comunidad.
No obstante, en un intento de última hora de evitar el bloqueo de esta reforma, que no podrá abordarse hasta dentro de un año según estipula el propio Estatuto de Autonomía, la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, propuso retirar del orden del día del pleno esta reforma, algo que no fue tan siquiera contemplado.
Por su parte, los socialistas acusaron al PP y a Cs de utilizar la reforma del Estatuto como una «moneda de cambio», al presentarla «sin consenso» anteponiendo para ello sus intereses de partido a los de los castellanoleoneses, en contraposición al consenso que se logró en la última reforma de la máxima norma autonómica, acontecida en 2007.
En cuanto al Grupo Ciudadanos, su portavoz, Carlota Amigo, adjudico este «fracaso» parlamentario a la «irresponsabilidad» del PSOE que, según Cs, siguió el «manual de cómo reventar el consenso político», al intentar imponer el blindaje de un suelo social que, además de «limitar» las atribuciones de las Cortes, se convertiría en la «ley del embudo» para los próximos gobiernos autonómicos.
Precisamente, sobre este blindaje del suelo social en la Comunidad estipulado en un 12 por ciento del PIB, el portavoz del PP ha expuesto que la Comunidad ya cumple con esa inversión sin estar estipulado en el Estatuto. Un argumento que la socialista ha utilizado para preguntar al PP y a Cs cuál es el problema entonces para dejarlo blindado estatutariamente.
Finalmente, por parte del Grupo Mixto, la procuradora de Podemos Laura Domínguez lamentó que el debate de esta reforma haya sido «la crónica de una muerte anunciada», por la «falta de respeto y la poca seriedad» demostrada por PP y Cs en su intento de modificar el Estatuto de Autonomía.
Por último, el único voto en contra expresado en el debate de esta reforma estatutaria ha sido el del procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, quien únicamente vería con buenos ojos una «reforma integral» del Estatuto.
