Como era previsible, la tenacidad del magistrado Luciano Varela, que protagoniza lo que a decir de muchos es una auténtica vendetta personal, llevará finalmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, donde será juzgado por un presunto delito de prevaricación a cuenta de su empeño en investigar las desapariciones del franquismo, un proceso que se inició a raíz de las acusaciones del sindicato ultraderechista Manos Limpias y de Falange Española de las JONS.
Tal decisión conllevará con toda probabilidad, una vez que sea firme -pues es susceptible de recurso ante el CGPJ-, la suspensión cautelar del a día de hoy titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, que se vería obligado a abandonar causas tan trascendentes como el caso Faisán, la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, el caso Fórum, el caso Pretoria o las torturas en Guantánamo.
A la hora de justificar la persecución a Garzón, Varela argumentó que «el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar».
«Consciente de su falta de competencia -insiste Varela-, construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal». «Privado, por decisión expresa de la Audiencia Nacional, del control de las exhumaciones, el querellado puso fin a la tramitación del sumario, lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos».
De probarse tales acusaciones, consistentes en suma en dictar a sabiendas una resolución contraria a Derecho, la condena podría ser de entre 10 y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y hasta dos años de multa.
En todo caso, más allá del fondo del asunto, que no tiene apenas trascendencia real más allá de su potencial para desactivar la carrera de uno de los jueces más notables, lo cierto es que la resolución conocida ayer pone fin la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas a Garzón, que también deberá responder por el dinero que supuestamente recibió del Banco Santander para organizar unos cursos en Nueva York y por la orden de intervenir las comunicaciones de los imputados por el caso Gürtel y sus abogados en prisión.
Ahora, el CGPJ solo está a la espera de la notificación de Varela para abordar la suspensión cautelar del magistrado, que podría tener lugar a finales de este mes.
Tras conocer que Garzón no se librará del banquillo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, prefirió no opinar y se limitó a recordar que es al máximo órgano de gobierno judicial a quien corresponde decidir si suspende al titular de la Audiencia.
Por su parte, el diputado del PP Carlos Floriano, cuya formación nunca ha tenido unas relaciones excesivamente fluidas con Garzón, afirmó que el hecho de que el magistrado vaya a ser juzgado significa que «la Ley alcanza a todos, y todos nos debemos a la Ley».
