La Diputación Provincial insta al Gobierno de España a que cumpla la ley y haga efectivo el pago a las entidades locales de los 753,3 millones de euros impagados como consecuencia del desplazamiento de ingresos del IVA del mes de diciembre de 2017, con cargo a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017. En concreto, la institución segoviana reclama al Estado unos 150.000 euros que corresponderían a la provincia de Segovia.
La corporación provincial aprobó ayer en pleno por unanimidad esta propuesta, planteada por el equipo de Gobierno (Grupo Popular y Grupo Mixto-Ciudadanos), enmendada por el Grupo Socialista, tras un rifirrafe entre los portavoces de los tres grupos por responsabilizar de este problema al gobierno de turno. PP y Cs acusaron al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez de esta situación, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestara hace unos días que la devolución a las comunidades autónomas del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, “es una cuestión que debería haberse resuelto en 2019 y ya no es posible”. “El Gobierno deja así clara su intención de no pagar a las autonomías, en definitiva, a los ciudadanos, el dinero que por ley les corresponde”, afirmaron desde el equipo de Gobierno. Por su parte, el diputado del PSOE Alberto Peñas, arremetió contra PP y Cs, criticándoles “porque pidan ahora al Gobierno del PSOE que arregle un desaguisado que ocasionó su ministro de Hacienda, señor Montoro, en el año 2017, con el PP en el Gobierno”. “La realidad –añadió– es que el pago del IVA de diciembre de 2017 se retrasó a enero de 2018, lo que supuso a efectos de liquidación de caja que se contabilizaran solamente once meses, en lugar de los doce anuales. Pese a ello, ninguna Comunidad del PP protestó”.
Finalmente los grupos proponentes aceptaron la enmienda de la oposición y eliminaron el punto conflictivo de la moción, que decía que se solicitara “al Gobierno de España la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la hacienda estatal y las comunidades, el cual lleva más de un año sin reunirse”.
