El PP, Cs y Vox unieron sus votos en las Cortes para tumbar la enmienda de totalidad que el PSOE defendió para pedir la retirada de la modificación de la ley que regula el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para casi suprimirlo en el caso de los familiares directos.
En la práctica, esta modificación implica la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos de la persona donante o que haya fallecido, con un cálculo de potenciales beneficiarios al año de entre 5.000 y 15.000 ciudadanos, con una merma en la recaudación de 17,4 millones en 2020 al aplicarse durante medio año y de 34,6 millones en 2021, según los datos aportados por la Junta.
Antes del debate entre los grupos parlamentarios, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió la modificación de estos tributos dentro de una política fiscal «moderada» que fomentará la «creación y mantenimiento de empresas y del empleo», a la vez que repercutirá en las familias de forma «favorable».
Carriedo anunció que será a lo largo de la legislatura cuando su departamento proponga una serie de medidas fiscales que pretenden favorecer al medio rural, entre las que ha citado bonificaciones y deducciones del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Del mismo modo, anunció para lo que resta de legislatura la ampliación de los supuestos de reducciones del impuesto de sucesiones para empresa familiar y agraria, la aplicación de tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para adquisición de primera vivienda rural y ampliar el trato fiscal favorable para transmisiones de tierras y elementos productivos generadores de empleo.
Ha sido la procuradora socialista Rosa Rubio la que defendió la enmienda de totalidad de su grupo y acusó al PP y Cs de promover una modificación fiscal «elitista» por beneficiar únicamente «a sus amigos», en referencia al «1 por ciento de la población» que heredará más de 400.000 euros, que era el límite actual a partir del que se pagaba el impuesto de sucesiones.
Para los socialistas, si se tienen en cuenta los datos de 2018, el dato de potenciales beneficiarios de esta medida no se ajusta a la realidad y serían únicamente «1.500 afectados».
«Es un capricho naranja para satisfacer a los amigos azules», resumió Rubio, quien criticó que la Junta de Castilla y León pida al Gobierno medidas de fiscalidad favorable para el medio rural pero hoy no haya defendido estas iniciativas en el ámbito autonómico.
Le ha replicado el portavoz adjunto del Grupo Popular Salvador Cruz, quien acusó al PSOE de pretender convertir a Castilla y León en la comunidad autónoma que «más tributaría por el Impuesto de Sucesiones», sin atender que en los gobiernos que dirigente los socialistas se aplican medidas iguales a las que ahora se aprobarán en esta Comunidad. «Hacen lo contrario de lo que aquí predican», resumió.
Cruz afirmó que esta medida beneficiará a todos los ciudadanos porque, en el caso de las donaciones, se rebajará y ha puesto el ejemplo de un padre que done 20.000 euros para el pago de hipoteca de su descendiente antes pagaría 1.600 euros de impuesto y a partir de esta modificación será de 16,6 euros.
