Continúa la tensión entre los partidos políticos por la aprobación del real decreto de ayudas al carbón. El principal escollo que ven los socialistas es el recurso interpuesto por la Xunta de Galicia ante el Tribunal de Luxemburgo para que no se pueda aplicar. Sin embargo, desde la Junta acusan al Gobierno central de mezclar en este asunto a la Xunta gallega por «intereses políticos» y para mantener su negativa.
De hecho, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, insistió en que no comprende cómo no está publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Secretaría de Estado para aplicar decreto que permitiría «generar actividad con toda normalidad en el sector minero» porque «ahora ya no hay ninguna disculpa», después de que el pasado jueves las eléctricas renunciaran a las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal de Luxemburgo.
Asimismo, Villanueva aclaró que la petición de medidas cautelares por parte de la Xunta no impide que se desarrolle el decreto porque la solicitud de ese Gobierno regional fue posterior a la decisión del Tribunal. Por eso, aseguró no entender los pronunciamientos del ministro. «Me preocupa que los servicios jurídicos del Estado no tengan aclarado este aspecto», precisó.
Sin embargo, desde el PSOE reiteran la necesidad de que la Xunta retire su recurso para que el decreto avance. La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, llamó ayer a la «unidad de acción» para conseguir su aprobación. «En este momento es imprescindible que desde todas las instancias e instituciones de la Comunidad, empezando por la Junta de Castilla y León, se hagan todos los esfuerzos posibles para que la Xunta, gobernada por el PP, cambie de actitud y colabore para que el decreto pueda ser aplicado de forma inmediata, y se resuelva así la situación tan penosa e insostenible que están viviendo los mineros de la Comunidad».
Más explícito fue el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, quien acusó a la Junta de «no mover ni un dedo» para que retire la denuncia, que «hace que todavía no se pueda pagar el decreto y, por lo tanto, garantizar el futuro de miles de trabajadores».
Desde Unión Progreso y Democracia (UPyD) aseguraron que para ellos el carbón es un sector «caduco». Por ese motivo, el candidato a las Cortes por León, Adrián Álvarez, entendió que es momento de afrontar «un verdadero proceso de reconversión» de las cuencas mineras para «buscar alternativas» e implantarlas.
