El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, acompañado de otros dos integrantes de la junta de gobierno de este órgano profesional, denunció ayer la situación que vive la justicia gratuita, entre la que se encuentra el turno de oficio, debido a la crisis económica y a lo recortes presupuestarios de las administraciones.
Sanz Orejudo explicó que el Consejo General de la Abogacía ha iniciado una campaña para trasladar a los ciudadanos “el recorte importante en los derechos de defensa de los ciudadanos”.
El objetivo de esta iniciativa es “crear un clima de opinión y hacer propuestas concretas para hacer viable la justicia gratuita en lo económico y en lo administrativo, potenciar la labor de los colegios de abogados y destacar la función social de la abogacía y del turno de oficio como pieza angular del sistema”.
Para el decano de los abogados segovianos es “un derecho que hay que proteger” y apunta que se han detectado carencias en materia de derechos de los ciudadanos extranjeros, con trabas burocráticas “incomprensibles” en algunas comunidades autónomas, un déficit estructural en materia de violencia de género e inseguridades jurídicas debido a la heterogeneidad existente en función de quién tiene las competencias de Justicia en cada comunidad autónoma.
En este sentido, Sanz Orejudo informó de que en Cataluña hay un pacto que hace que el sistema funcione bien, mientras que en la Comunidad de Madrid existe un claro conflicto entre el Gobierno autonómico y el Colegio de Abogados de Madrid. La situación en Castilla y León es intermedia porque las competencias son del Ministerio de Justicia y los abogados que están adscritos al servicio de justicia gratuita reciben las contraprestaciones económicas “en tiempo razonable” pero los baremos no se han modificado desde 2003.
Además, el decano lamenta “el callejón sin salida” del traspaso de competencias en materia de Justicia desde el Gobierno central a la Junta de Castilla y León. “Que las competencias vengan o no venga, pero que dejen de marear y los políticos, todos, asuman sus responsabilidades”, sostiene.
También informó de que la Junta de Castilla y León concedió una ayuda de 200.000 euros en 2008 para asistencia a extranjeros en los colegios de la Comunidad Autónoma, pero el año pasado la redujo más de la mitad y en este ejercicio la ha suprimido.
Uno de los vocales de la junta de gobierno del Colegio presente en la rueda de prensa, César Fraile, hizo una defensa del servicio público que ejerce la Abogacía con el turno de oficio y la asistencia a detenidos, “que no puede sufrir ninguna mengua y especialmente en momentos de crisis, porque los colectivos atendidos son más vulnerables”. Destacó especialmente la figura del abogado de oficio, último eslabón de la cadena.
Por su parte, otra vocal, Elvira Sanz, ofreció datos estadísticos.
