La Abogacía del Estado no aprecia la comisión de delito fiscal alguno por parte de la Infanta Cristina, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, le emplazase junto al resto de acusaciones a pronunciarse sobre las pesquisas a seguir en torno a la posibilidad de que la hija del Rey Don Juan Carlos hubiese defraudado a Hacienda.
Así lo señalaron fuentes jurídicas, que precisaron que la Abogada del Estado Jefe, Dolores Ripoll, se lo comunicó al magistrado mediante un escrito que presentó a primera hora de la mañana de ayer. La letrada está personada en la causa en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) en calidad de acusación particular.
Por el contrario, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitó el pasado jueves al juez que oficie a Hacienda a los efectos de que determine mediante un nuevo informe si la Infanta incurrió o no en el supuesto fraude fiscal al que recientemente aludió la Audiencia Provincial de Baleares en el auto por el que dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de Doña Cristina por delitos contra el fisco y de blanqueo de capitales.
De este modo, el representante del Ministerio Público pide, para dar «estricto cumplimiento» a lo dispuesto por el órgano judicial, que una vez emitido el informe pericial de Hacienda se le dé traslado del mismo para valorar las consecuencias penales que pudieran derivarse de su contenido.
Beneficios
El tribunal de la Sección Segunda apuntaba a que tanto Urdangarín como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
Mientras, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dictó ayer un auto en el que confirma la fianza civil de 8,1 millones de euros impuesta en un auto el pasado 14 de marzo por el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, al Duque de Palma y a su exsocio Diego Torres, si bien estimó en parte los recursos de apelación interpuestos por éstos contra la citada resolución judicial, de forma que se detraerá el IVA de esta cantidad. Eso sí, la reducción es mínima, por lo que se esfuman las esperanzas de las defensas de que bajarían drásticamente las cantidades exigidas. Parece que deberán pagar entre los dos imputados entre 6,1 y 6,8 millones de euros.
En esta línea, señala que quien presuntamente participó en el amaño del contrato suscrito por la citada entidad fue también la firma investigada, como entidad instrumental vinculada a la anterior, siendo, por tanto, una y la otra la misma. Mientras, la Audiencia Provincial mantiene en lo demás el auto recurrido.
Cabe recordar que el pasado 14 de marzo, Castro confirmó mediante un auto la fianza de responsabilidad civil de 8.189.448 euros decretada contra Urdangarín y Torres, al desestimar los recursos de reforma que ambos imputados interpusieron contra la caución.
Así, la defensa del Duque alegó que la gestión económica del Instituto Nóos «descansaba exclusivamente» sobre el exprofesor de Esade, a pesar de lo cual, «se pretende» que el marido de la Infanta Cristina «peche económicamente» con los fondos percibidos por la entidad desde las Administraciones públicas.
En su recurso, Vives reclamaba revocar la imposición de la caución al recriminar que su patrocinado tenga que hacer a la misma en base a todos los importes cobrados por Nóos entre 2004 y 2006, cuando esta materia era competencia de su exsocio y de sus excontables, dejando para la posteridad dos palabras que llenaron de páginas los periódicos de toda España: «Injusto empobrecimiento».
Mientras se decretaba esta pequeña reducción en la fianza, el juez Castro apuntó en su último auto, en relación a quienes han participado en los eventos investigados, a la necesidad de realizar una «labor de selección» a partir de la cual «cuanto más nos acerquemos a los núcleos de poder, más complejo se hará discernir quién habrá de ser o no imputado, y más sensibles serán quienes resulten serlo o quienes así lo pretendieran al sentirse comparativamente agraviados».
