La prensa está muy ocupada investigando el caso Ábalos y otros tantos affaires. Los primeros días del gobierno social-comunista de Sánchez han brindado materia abundante para seguir las frecuentes andanzas y declaraciones del nutrido grupo de ministros y ministras. Como todo ocurre en muy poco tiempo (como las riadas), se solapan las noticias y unos escándalos suceden a otros. Así que en el gobierno de “progreso” haya un vicepresidente y una ministra con una estrecha relación familiar. Que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica haya provocado la salida del presidente de Red Eléctrica por intereses personales. Que la subida del salario mínimo desemboque en una rebelión interna entre los barones socialistas en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Por no hablar del gobierno catalán y de los turbios manejos en Bolivia y Venezuela que remiten a Zapatero. Pero de todos los asuntos, la educación es el más sensible porque influye para bien o para mal en varias generaciones. Aún sigue en el aire la polémica que provocó la anterior portavoz y actual ministra y que en la práctica negaba el apartado 3 del Artículo 27 de la Constitución.
El debate ha llegado hasta el último pleno municipal de 31 de enero. El portavoz del PP presentó una moción centrada en la libertad de elección de centros, partiendo del texto de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Artículo 27.3). La sesión había transcurrido sin sobresaltos, con leves enfrentamientos, pero sin mayores consecuencias. Las propuestas anteriores habían sido aprobadas por mayoría. La moción sobre la petición al Ministerio de la supresión del peaje del las AP 6 y AP 61, no fue obstáculo para que, socialistas y los grupos afines de IU y P-E, aprovecharan la ocasión de atizar al PP, invocando su particular relato de la memoria histórica (sección autopistas). Con el ánimo bastante caldeado las izquierdas se lanzaron al ataque en cuanto hizo su aparición en el hemiciclo, la bicha de la educación concertada. ¿Qué razones dieron para rechazar la moción sobre la libertad educativa? He aquí, algunos “argumentos” (o algo así). El portavoz podemita en lugar de razonar, prefirió acusar sin pruebas de exclusión y discriminación. Lo que mereció una respuesta contundente y de sentido común por parte de la portavoz de Ciudadanos, recomendándole que lo denunciase en el Juzgado, si conocía algún caso. Pero no, fiel a la práctica comunista, a falta de argumentos se recurre a la descalificación calumniosa (nada nuevo). Por su parte la concejala de Educación y otras funciones municipales, tras una pausada introducción, fue elevando el tono de su discurso y acabó recomendando al ponente que leyese y releyese el famoso artículo 27 de la Constitución. Su perorata en contra de la propuesta (si la hubo) quedó escondida bajo una farragosa explicación y consumió su tiempo, sin aclarar por qué votaba en contra. La portavoz de IU, siguió la consigna del partido y con un gesto inequívoco dio a entender que todo era cuestión de negocio para los que defienden la libertad de educación. Antes de la votación, la alcaldesa puso una nota personal sobre su experiencia educativa en una escuela estatal, sin afirmar que una y otra enseñanza fuese incompatible.
Después de la larga experiencia socialista que comenzó con la malhadada Logse de Rubalcaba y su pedagogo de cabecera Marchesi, la enseñanza pública y privada ha ido decayendo. El sistema educativo se ha basado en oponerse al esfuerzo personal, en despreciar el mérito del trabajo y en la voluntad de aprender. Hasta la fecha, en Castilla y León se ha mantenido un nivel aceptable, como los informes Pisa reconocen. Ha sido así, por fortuna, por el talento de los votantes y mérito de los sucesivos gobiernos regionales. No se puede decir lo mismo, sino todo lo contrario, de los 40 años aciagos de gobiernos socialistas en Andalucía, hasta que perdieron el poder y muchos jerarcas perdieron también los beneficios fraudulentos de los ERE.
Hubo en tiempos una excelente escuela pública (lo digo por experiencia, propia y ajena). Uno de los más prestigiosos centros fue el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, donde, por cierto, estudió el presidente Sánchez con muy poco aprovechamiento (quizá destacó en el baloncesto). Es de suponer que allí le debieron enseñar a valorar la palabra dada. El mal ejemplo se ha difundido tanto, que abundan las falsedades y promesas incumplidas, como comprobamos día a día en la política local. Pero el respeto a la verdad y a la palabra comprometida es lo que vertebra una sociedad democrática. La confianza es la base de la convivencia en la familia, entre vecinos, en los negocios, etc. Se aprende en el entorno familiar y en los primeros años de una buena educación, sin imposiciones ideológicas y consignas de ocasión. La enseñanza vuelve a estar amenazada. Todo parece apuntar a que la ministra Celaá cumpliendo órdenes del polémico “doctor” Sánchez pretende asfixiar la libertad de enseñanza.
