El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, parece que tiene entre ceja y ceja a la Infanta Cristina. Así, ayer solicitó a la Agencia Tributaria (AEAT) que investigue a la hija del Rey desde 2002 hasta la actualidad por presuntos delitos fiscales, después de que el pasado viernes reclamase a Hacienda nuevos datos que permitan determinar si ésta incurrió en delitos contra la Hacienda pública como propietaria al 50 por ciento de Aizoon.
Mediante un auto, el magistrado precisó las fechas en las que este organismo debe centrar sus indagaciones, dando un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Urdangarín. La Audiencia Provincial de Baleares, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Duquesa de Palma por haber defraudado al fisco.
Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarín como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
El togado recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió aquélla desde la empresa que da nombre al caso no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares de la pareja, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible «conocimiento del origen ilícito y delictivo» de estos fondos.
La Sala incide, asimismo, en que, si bien Doña Cristina podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que «provenía de un delito de malversación o de fraude», lo que resulta «más dudoso» para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta «desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública» puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
En esta misma línea, la Audiencia señala que la Infanta «debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda», tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que «se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas».
Otro frente abierto que no piensa cerrar el jurista andaluz es el relativo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de la ciudad del Turia, Rita Barberá.
Así, a primera hora de la mañana, propuso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -que aceptó horas después- que asuma las investigaciones en torno a estos dos políticos, y más en concreto en relación a su participación en las negociaciones previas para la organización del Valencia Summit.
En concreto, el magistrado acordó elevar a la máxima instancia judicial de la autonomía una exposición razonada en la que propone que asuma la competencia de estas pesquisas, relativas tanto a dicho evento, por el que el Instituto Nóos percibió unos tres millones de euros públicos, como a los Juegos Europeos, que, finalmente, no se celebraron pese a que la entidad acabó percibiendo 382.000 por preparar el evento.
Conviene recordar que el propio Urdangarín, en su última comparecencia ante el juez, el pasado 23 de febrero, señaló que se habían celebrado reuniones con los dos dirigentes populares, colocándoles en una incómoda situación, al borde de ser imputados, posibilidad cada vez más cercana. Y es que, en ese sentido, también dejó en una posición similar al expresidente balear Jaume Matas.
