A punto de iniciar la procelosa travesía de una nueva legislatura, tras el trabajoso y complejo proceso de formación del primer Gobierno de coalición de la última etapa democrática de nuestro país, resulta interesante analizar como antecedente el discurrir de las principales variables económicas y de empleo en los dieciocho meses de interinidad en el Gobierno del PSOE, e incluso realizar alguna reflexión rápida sobre la evolución de las principales variables en períodos de gobierno anteriores. En un segundo artículo nos ocuparemos de las perspectivas económicas y de empleo que se abren respecto al Gobierno que inicia su andadura, después de la pírrica votación del pasado 7 de enero.
Es cierto que en los umbrales de la moción de censura al Gobierno del PP a mediados de 2018, con la coartada de una sentencia de un juez “progresista” sobre el tema Gurtel (posteriormente rectificada por la Audiencia Nacional), ya se venía desacelerando levemente la actividad económica por influjo de las incertidumbres derivadas del Brexit y de la guerra comercial entre EEUU y China. Sin embargo, el crecimiento del PIB español todavía se encontraba en torno al 3% y considerablemente por encima del crecimiento de la Unión Europea, lo que permitía al empleo aumentar todavía a un ritmo superior al medio millón de afiliados a la Seguridad Social cada año, con la consecuente reducción del paro.
La llegada del gobierno socialista resultante de la moción de censura –apoyada por podemitas, comunistas, bilduetarras, separatistas catalanes y vascos y algún grupo menor- supuso un punto de inflexión en el devenir de la economía y el empleo en nuestro país. Para empezar, el gobierno negó que se estaba produciendo una desaceleración económica, que podría terminar en crisis si se adoptasen medidas contraproducentes. Además, dada su precariedad parlamentaria, empezaron a utilizar la vía del decreto aprobado en consejo de ministros para aprobar algunas decisiones con fines electoralistas, que generalmente no eran gratis, sino bastante onerosas para el erario público y en muchos casos para las empresas privadas. Sólo el aumento del permiso de paternidad supone cincuenta millones para las empresas, por no mencionar el decreto que regula los horarios y añade rigidez al funcionamiento interno de las empresas o los anuncios en materia energética, que generaron un deterioro de las expectativas en algunos sectores como el del automóvil. Pero, según datos del sindicato de técnicos de hacienda (AiRef), estos “viernes sociales” le costaron al erario público más de novecientos millones, que superan los 1.500 si se suma la actualización de las pensiones con arreglo al IPC, dado que no se desarrolló la mejora acordada del nivel mínimo de Dependencia. Y eso que no se pudieron aprobar los presupuestos pactados con Podemos para 2019, que suponían, según AiRef, un mayor gasto de 5.250 millones de euros, que estaban identificados expresamente, entre otras, en partidas de Cooperación para el Desarrollo, acciones en favor de inmigrantes, actuaciones en materia de vivienda, creación del bono social térmico, subvenciones al transporte y mayores aportaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
El resultado de esta forma de gestionar el sector público fue, a falta de datos definitivos, un déficit público para el ejercicio 2019 en torno a 30.400 millones de euros, que suponen en torno al 2,5% sobre el producto interior bruto (PIB), similar al incurrido durante el año anterior, pero muy lejos del objetivo del 1,3% sobre PIB comprometido con la UE. En consecuencia, continuó creciendo el endeudamiento público español como una bola de nieve, alcanzando a finales de octubre de 2019 casi 1,2 billones de euros, que representan más del 97,5% sobre el PIB. Desde mediados de 2018 hasta esta fecha la deuda pública española habría aumentado en torno a 29.000 millones de euros y en medio punto la ratio del endeudamiento público español sobre el PIB.
El crecimiento del Producto Interior Bruto, a falta de datos definitivos, se ha desacelerado desde cerca de un 3% a finales del anterior gobierno hasta el 1,9% que se estima para el año 2019, todavía algo superior al ritmo europeo, si bien se van reduciendo las distancias. Aparte de los riesgos mencionados procedentes del exterior y del deterioro de las cuentas públicas comentado, existen componentes internos inequívocos que explican esta caída, como el debilitamiento de la demanda interna derivado de la desaceleración del consumo y la inversión, y las expectativas creadas desde el gobierno socialista en materia de contrarreforma laboral, sobre la anulación de la reforma emprendida por anteriores gobiernos en el sistema público de pensiones, sobre el calendario de transición energética y consiguiente supresión de centrales nucleares y térmicas, así como la retirada de vehículos con motor de gasoil (del sector del automóvil dependen 2 millones de familias), el propósito de introducir importantes subidas fiscales al diésel y a sectores empresariales e importantes contribuyentes.
Como consecuencia de esta considerable desaceleración económica, ha descendido notoriamente el ritmo de creación de puestos de trabajo y de reducción del paro. Según datos de la serie histórica trimestral Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, la generación de empleo anual anterior a mediados de 2018 superaba el medio millón de puestos de trabajo, mientras que en los últimos dieciocho meses la creación de empleo anual ha ido bajando hasta los 112.000 del tercer trimestre de 2019 en relación con el mismo trimestre del año anterior; de igual forma la tasa de paro sobre población activa ha pasado de disminuir casi dos puntos anuales en el 2º trimestre de 2018 a tan sólo 0,63 puntos en el 3º trimestre de 2019 (último dato de la EPA publicado). Estas tendencias se confirman con los datos registrales de la Seguridad Social, que indican el aumento de tan sólo 384.300 afiliados medios en el último año, en contraste con el incremento anual de casi 600.000 afiliados medios en junio de 2018, cuando se produjo el relevo al frente del gobierno.
No debe extrañarnos esta inflexión en la economía y el empleo de los últimos dieciocho meses, puesto que, según las series de datos publicados, los mandatos del PSOE se han caracterizado por aumentar las cifras de paro, de déficit y de deuda pública y por dejar en situación de debilidad los indicadores económicos e incluso en 2011 en cifras negativas, al borde de la intervención de la UE. Así la EPA del 1º trimestre de 1996 (final de los gobiernos de Felipe González) arrojaba la cifra de 3.735.000 parados 1.449.000 más (+63%) que cuando llegó el PSOE al poder a finales de 1982. En el 1º trimestre de 2004 (final del gobierno de Aznar) el número de parados había descendido en 1.425.000 personas (-38%) hasta los 2.310.000, debido al aumento neto de 5,1 millones de empleos en dicho período gobernado por el PP. La etapa del Presidente socialista Zapatero ha sido, hasta el momento, la más funesta, dado que aumentó el paro en casi tres millones de parados (+129%) hasta finales de 2011. El gobierno de Rajoy redujo el paro en cerca de 1.800.000 personas (-34%), aumentando la cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta diciembre de 2011 en casi dos millones de personas. El déficit público anual lo dejaron González (1996) y Zapatero (2011) en 29.000 y 104.000 millones de euros respectivos, incrementándolo de forma relevante respecto a 1982 y 2004 años en que UCD y el PP dejaron los respectivos déficits en 7.350 y 940 millones de euros; posteriormente el gobierno del PP de Rajoy redujo el déficit hasta 30.500 millones de euros. Ello explica la evolución de la deuda pública española que en estos momentos se aproxima a los 1,2 millones de euros. Está claro que no todos gestionan igual la economía y el empleo, por cierto el primer problema que interesa a los españoles según todas las encuestas que se vienen publicando desde el inicio de la Democracia.
