El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció un «cambio absoluto del transporte rural en Castilla y León» a finales de 2022, gracias a la nueva ley y el desarrollo de instrumentos normativos que conseguirá que sea «universal» y «llegue a todos los pueblos».
A su juicio, existe una «oportunidad en esta legislatura» para afrontar estas modificaciones al vencer concesiones que llevan en vigor varias décadas, según explicó Suárez-Quiñones tras reunirse con el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García.
«Vamos a llevar el transporte a todos los pueblos para que sea moderno, tecnificado, digno y en condiciones en el mundo rural con igualdad a las grandes ciudades y a las capitales», apuntó el consejero, quien ha señalado que a finales de 2022 habrá «un nuevo transporte, universal, seguro, cómodo y adecuado a las personas».
Por otra parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente explicó que a finales de año remitió sendas cartas al Ministerio de Fomento y Renfe para mostrar su queja por el cierre de taquillas físicas en estaciones ferroviarias.
«Si estamos hablando de comunicar nuestros pueblos con igualdad, lo que no podemos es dificultarles el acceso a los transportes públicos, es un inconveniente y una falta de compromiso con nuestro medio rural», lamentó, tras lo que criticó al Gobierno por decir que «están en la lucha contra la despoblación» a la vez que «suprimen servicios y comodidad para el medio rural». En las misivas, la Junta expresa su «contrariedad total» y emplazamos a una reunión para una reunión para abordar un asunto que afecta a «muchas provincias de Castilla y León».
Leyes de caza
Por otro lado, Suárez-Quiñones negó que las resoluciones del TSJCyL sobre «la caza en general» y sobre la «caza del lobo» en particular, constituyan un «varapalo judicial», mientras «no haya sentencias firmes».
Suárez-Quiñones se pronunció de esta forma ante los periodistas, al ser preguntado por una nueva sentencia del TSJCyL que a principios de este año anulaba los planes de caza del lobo en la Comunidad.
En concreto, el nuevo fallo cuestiona la normativa dictada por la Junta sobre la gestión de la especie en este territorio, anulando en concreto su plan de caza comarcal en terrenos cinegéticos ubicados al norte del río Duero entre 2016 y 2019, por no ajustarse al ordenamiento jurídico.
Tras aclarar que las «numerosas resoluciones» del alto tribunal se basan en una sentencia dictada por el TSJCyL contra un decreto de 2018 que determina qué especies se pueden o no cazar, el consejero subrayó que se trata de «una sentencia que no es firme».
«Es una sentencia que tenemos recurrida ante el supremo y por tanto, cuando oigo hablar de los varapalos judiciales, no existe ningún varapalo judicial hasta que no haya sentencias firmes, porque todos los ciudadanos, también las administraciones, tienen derecho a una segunda instancia, a una revisión judicial de un primer pronunciamiento judicial», aclaró.
Al respecto, insistió en que la Junta tiene planteados ante el Supremo «diversos recursos de casación al respecto», de manera que, recalcó, «hasta que no se pronuncien, el varapalo judicial no existe, porque no hay sentencia firme».
Finalmente, recordó que el Tribunal Supremo «podrá ratificar la sentencia del TSJ o revocarla y dar la razón a la Junta», que lo que hace es «defender los intereses generales de Castilla y León».
