La maquinaria judicial, que bien podría escenificarse mediante un complejísimo artefacto compuesto por miles de piezas que están en continuo movimiento sin más propósito que justificar su propia existencia, determinó ayer la idoneidad de la decisión de juzgar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a cuenta de su empeño en investigar los crímenes del franquismo.
La sala de lo Penal del Supremo no entra en el fondo de la cuestión y, en consecuencia, ni siquiera sopesa las irregularidades que presuntamente habría cometido el magistrado cuando decidió, contra viento y marea, proseguir con las pesquisas para incriminar a los responsables del régimen anterior, sino que se limita a confirmar la validez jurídica del auto dictado el pasado mes de abril por Luciano Varela en el que se acusa a Garzón de prevaricación, puesto que habría tratado de esclarecer las desapariciones a sabiendas de que no era competente para ello.
Así pues, el alto tribunal considera que el criterio de Varela «no es ilógico ni arbitrario» y que en efecto era a él a quien competía según la ley «determinar qué diligencias son necesarias e imprescindibles» en el curso de la investigación.
Cabe recordar que en su día Varela rechazó todas las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluían la declaración de los magistrados de la Audiencia favorables a su tesis, y también las de juristas internacionales, al estimar que «exceden del contenido propio» de las diligencias de instrucción.
Esta querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios de tendencia ultraconservadora Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS.
Tras diversos incidentes procesales, Varela expulsó de la causa a esta última organización por las irregularidades de su escrito de acusación, quedando tan solo personada Manos Limpias (que comparte la defensa con Libertad e Identidad), que solicita 20 años de inhabilitación para el magistrado.
La Fiscalía, que como en tantos asuntos ha seguido a pies juntillas las instrucciones dictadas por el Gobierno, no sostiene acusación alguna al estimar que Garzón no cometió delito.
Ahora, una vez que conocida la decisión del Supremo, se podrán ya iniciar los trámites de preparación del juicio oral contra Garzón, que podría celebrarse entre noviembre y diciembre de este mismo año.
Además de este pleito, el titular del Juzgado Central Número cinco está también inmerso en otras dos causas por posibles conductas delictivas relacionadas con los cobros millonarios presuntamente obtenidos del Banco Santander para financiar unos cursos académicos que organizó en Nueva York durante un permiso de estudios y por su orden de intervenir diversas comunicaciones mantenidas en prisión por los principales cabecillas del caso Gürtel con sus abogados.
Precisamente en el ámbito de este último proceso, también ayer el Supremo ordenó prorrogar un mes más el secreto sobre los documentos que recojen el contenido de las polémicas charlas.
