El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ofreció este jueves una rueda de prensa para anunciar el posicionamiento de la formación a propósito de los distintos asuntos que se debatirán este viernes en el último pleno ordinario del año. Una sesión en la que la Corporación municipal debe debatir sobre la aprobación en paralelo de dos dictámenes encaminados a resolver definitivamente el contrato relativo a la redacción del Plan Especial de Infraestructuras y posterior concesión de obra pública del proyecto de construcción y explotación del aparcamiento subterráneo del paseo de Los Tilos. Contrato en cuya gestión la formación naranja encuentra “irregularidades y hechos presuntamente delictivos”.
Cabe recordar que la actuación que ahora busca el Ayuntamiento con la resolución del contrato ya fue acordada y parcialmente resuelta hace dos años, con el pago de una indemnización de 97.650 euros a la concesionaria, Isolux Corsan. Y que el trámite que resta para zanjar definitivamente el proyecto y la relación contractual con la empresa es el pago de otros 95.600 euros como consecuencia de “trabajos realizados al margen del contrato”.
Es en estos ‘extras’ donde tanto Ciudadanos como los servicios técnicos del propio Consistorio encuentran actuaciones no ajustadas a las normas de contratación que deben regir en un ayuntamiento. “Se desconoce por esta Sección de Patrimonio y Contratación quién encarga dichas actuaciones al concesionario, y por lo tanto, no pueden encuadrarse dentro del objeto de este contrato, ya que de ser así, se debería haber tramitado el correspondiente expediente y ser el órgano de contratación correspondiente quien debía haber autorizado las mismas. (…) En este sentido, existe una amplia línea jurispudencial que ha venido a declarar que los contratos administrativos precisan de forma escrita en su celebración, por lo que un acuerdo celebrado sin formalidad alguna, por gestión directa verbal entre el Ayuntamiento y una empresa, no es un verdadero contrato a administrativo, sino un pacto nulo a tenor del artículo cuarto del Código Civil e inoperante, por lo tanto, para servir de base a reclamaciones administrativas fundadas en él”, escribió en abril de 2018 la jefa de la sección a propósito de la resolución del contrato y la posible inclusión de los pagos reclamados por la concesionaria en la misma.
A este respecto, la portavoz del grupo Ciudadanos, Noemí Otero, ha defendido que el proceder administrativo del Consistorio puede acarrearle “serias consecuencias no solo económicas, porque hablamos de irregularidades procedimentales y hechos que presuntamente podrían estar clarificados como delictivos conforme a nuestro ordenamiento jurídico”.
“Merecemos saber quién fue la persona que dio la orden de realizar trabajos fuera del contrato, saltándose todas las normas. Estas actuaciones, que se realizaron sin procedimiento y con absoluta falta de transparencia, nos van a costar a todos los segovianos casi 100.000 euros que quizá deberían salir del bolsillo de quien tomó esta decisión arbitraria y déspota”, ha condenado la edil naranja.
Auditoría de Urbanismo
En la misma línea, Otero ha criticado con dureza la forma “errática” de obrar del gobierno socialista con la ejecución de la Auditoría Operativa de Urbanismo, de la cual se dará cuenta también en la sesión plenaria. La concejala reprocha que los responsables municipales hayan “ocultado gran parte de información a los auditores y encima se felicitan de no haber cometido delitos. Son trampas al solitario”.
La portavoz, que ha calificado la situación y las conclusiones del documento de “bochornosas”, exigirá en el pleno información detallada sobre el proceso auditor.
