La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y la concejala de Urbanismo, Clara Martín, han dado a conocer este jueves las conclusiones de la Auditoría Operativa de Urbanismo que durante meses ha analizado la gestión del Departamento entre los años 2013 y 2016. Un estudio que, si bien no ha encontrado irregularidades en el área, sí alerta de déficits importantes en la gestión tanto económica como a nivel de recursos humanos, modernización, archivo de expedientes o disposición suficiente de medios jurídicos.
Los auditores son contundentes a la hora de describir la evolución de las cuentas de Urbanismo durante los años analizados y critican la política presupuestaria poco realista y “de alto riesgo” llevada a cabo por el Ayuntamiento. Y es que de 2013 a 2016 el Presupuesto municipal se incrementó anualmente en base a unas previsiones de enajenación de terrenos que no se produjeron y cuyas estimaciones no se modificaron ejercicio tras ejercicio.
Durante el periodo analizado, y en relación a los ‘Indicadores de gestión presupuestaria’, el Departamento municipal presentó derechos liquidados por valor de 7.473.877 euros –312.515 provenientes de enajenaciones–, de los que solo ingresó 6.107.084 euros. Destacan en este ámbito los impagos relativos al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) –que alcanzaron el 20% del total–; de Licencias urbanísticas –el 10%–; o los generados en base a sanciones urbanísticas –el 70% quedaron sin abonar–.
Cabe apuntar que es posible que posteriormente al año 2016 –último año analizado– se haya acometido el pago de alguno de los derechos liquidados pendientes, aunque ni la Auditoría, ni la concejala han podido cuantificar en qué medida. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que la obligaciones reconocidas por Urbanismo ascendieron a 13.508.385 euros –5,5 millones por el pago de sentencias judiciales derivadas de expropiaciones–, el déficit acumulado en el mejor de los casos fue de 6.034.509 euros entre 2013 y 2016.
Por todo ello, los auditores recomiendan también la “implantación de medidas dirigidas a la minoración de impagos en el área de sanciones urbanísticas”.
Además, y dejando a un lado lo meramente económico, el análisis de gestión alerta del alto riesgo que asumió el área por la total ausencia de inversiones en sistemas de modernización en el Departamento y, en menor medida, por la falta de servicios jurídicos especializados en materia de urbanismo “pese a la existencia de litigios relevantes”.
En materia laboral, la Auditoría revela que Urbanismo funcionó con un alto porcentaje de contratos de corta duración –algo que insta a corregir dentro de las posibilidades del Consistorio– y que no existió en el área la figura de un responsable para impulsar la tramitación de expedientes complejos. Unos expedientes sobre cuya metodología de ordenación –o más bien sobre la inexistencia de ella– ponen el foco los autores del informe; y es que, además del caótico archivo de los mismos, tampoco es claro el trámite de su cierre, por lo que muchos figuran formalmente como ‘expedientes abiertos’.
