La decisión del Ministerio de Justicia de permitir inscribir en el Registro Civil a niños nacidos en el extranjero de madres de alquiler abre la posibilidad de regularizar a decenas bebés concebidos por medio de una técnica prohibida en España, pero aceptada en otras partes del mundo, y a la que acuden cada vez más ciudadanos patrios.
«Ni uno, ni dos; en nuestro país ahora mismo hay cientos, miles de niños nacidos por gestación subrogada; cientos de parejas que se han ido al extranjero para conseguir tener un hijo», asegura Montse, una riojana de 38 años madre de dos pequeñas nacidas por este sistema. Fue hace tres años, en San Diego, California, y cuando su marido y ella acudieron al consulado a Los Ángeles para inscribir a las gemelas «no hubo ningún problema, ni una pregunta de más»; las anotaron como «hijas mías y de mi marido y ya», explica en una entrevista.
Montse es una de las decenas de mujeres españolas que cada año, y aconsejadas por sus ginecólogos españoles, recurren a este sistema para tener descendencia.
«No conozco a ninguna pareja heterosexual que haya tenido problemas con la filiación de sus hijos; los únicos que tienen problemas son los gays y las lesbianas, por eso son los que pelean estas cosas», afirma Teresa, otra mujer que llegó a viajar a California hasta en cinco ocasiones sin éxito.
De hecho, según datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), los primeros españoles nacidos de un vientre de alquiler de los que se tiene constancia son unos mellizos madrileños que recientemente cumplieron los 19 años, según asegura la responsable de Familias de la organización, Luisa Notario.
«La subrogación se lleva haciendo desde hace años, solo que la gente no se había enterado» porque eran siempre parejas heterosexuales, explica.
Solo en los últimos años, las parejas de homosexuales han comenzado a recurrir a los vientres de alquiler para tener hijos y resolvían el trámite inscribiendo al recién nacido como vástago natural de unos de ellos y de la madre gestante.
Pero la ficción se acabó con la llegada de Juan y José (nombres ficticios), valencianos que en 2008 se plantaron en Los Ángeles con la intención de registrar a sus dos mellizos como hijos de ambos.
«Éste es un fenómeno invisible, pero hay pistas que demuestran que es bastante habitual», sostiene Juan, quien cita datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que afirman que en 2007 nacieron en EEUU casi 1.000 niños españoles, cuando en todo el país residen menos de 50.000 ciudadanos patrios «y la inmensa mayoría son estudiantes». «Si el INE detallara por estados, resultaría que los españoles en California tienen la tasa de natalidad más alta del planeta», subraya Juan, para quien la inscripción de hijos de parejas heterosexuales «era un sistema que funcionaba engrasado por la hipocresía».
Ante la negativa del consulado a inscribir a los niños como hijos de Juan y José, la pareja consiguió pasaportes americanos para los mellizos y siguió la batalla legal desde Valencia.
En febrero de 2009, la Dirección Nacional de los Registros y del Notariado (DGRN) resolvió a su favor y los pequeños se inscribieron como hijos de ambos, una decisión que recurrió la Fiscalía de Valencia demandando tanto a la pareja como al Ministerio de Justicia en un caso que sigue enredado en los tribunales.
Es a raíz de este problema y de el hecho de que en los últimos tiempos se han presentado siete recursos similares, cuando la DGRN decidió elaborar la instrucción que permite inscribir en el Registro Civil a los niños nacidos de un vientre de alquiler con la condición de que se presente una resolución judicial.
«Nos hemos esforzado en tratar de resolver un problema real, que es la existencia de unos niños que están en España y son hijos de al menos un español; no podemos obviar esa realidad», según explica la directora general, María Ángeles Alcalá; «pero tampoco podemos olvidar que detrás de estos casos hay siempre una mujer que ha dado a luz y cuyos derechos no puede ser obviados», agrega.
El interés superior del menor y la necesidad de proteger a la madre gestante y asegurar que no lo ha hecho bajo coacción o engaño o controlada por mafias es lo que ha impulsado a la DGRN a exigir que un juez haya «controlado la situación y confirmado que todo se ha hecho conforme a derecho en ese país», subraya.
