El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de una iniciativa del PSOE sobre educación universitaria entre la que se incluía el compromiso de la Junta de reducir todas las tasas para el curso 2020-2021, algo sobre lo que, como explicó la procuradora popular María del Carmen Sánchez Bellota, el PP estaría de acuerdo siempre que se vincule a la aprobación del Presupuesto General del Estado, algo que los socialistas no aceptaron.
El procurador socialista Fernando Pablos defendió esta moción en el Pleno de la Junta, una iniciativa que incidía en la «elevada edad media» de las plantillas de profesorado, las tasas «muy altas» en segundas matrículas, másteres y doctorados y la «insuficiencia» del presupuesto para las convocatorias autonómicas de becas.
Asimismo, Pablos consideró esencial también incrementar el número de contratos para jóvenes investigadores, al tiempo que ha criticado la «ausencia» de una convocatoria pública para contratos postdoctorales, el «nulo» apoyo a los congresos científicos y la no convocatoria de ayudas para proyectos de investigación cofinanciados con el FEDER en 2019.
La iniciativa plantada por el PSOE fue respaldada por la procuradora de Podemos Laura Domínguez, quien destacó los «esfuerzos ímprobos» de muchos padres para que sus hijos puedan acceder a la universidad.
Por su parte, la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota afeó la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE en tres de los puntos que conforman la moción ante la negativa de los socialistas de vincularlas con la aprobación de un Presupuesto General del Estado.
En concreto, de haberse dado esta circunstancia, el PP habría estado dispuesto a aprobar la reducción de todas las tasas universitarias para el curso 2020-2021 a la media de las establecidas en el conjunto de España; asumir la financiación de los quinquenios y sexenios reconocidos al personal docente contratado y acordar con las universidades públicas un plan de rejuvenecimiento de las plantillas de profesorado.
«No es de extrañar que no lo quieran vincular al Presupuesto General del Estado dadas las dificultades», aseveró la procuradora popular. No obstante, Fernando Pablos lamentó la negativa de PP y Cs de respaldar la iniciativa, cuyo objetivo es, en el caso de las tasas, incrementar la financiación autonómica de las universidades para compensar la pérdida de ingresos que esta decisión les acarrearía.
Plan de Juventud
Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos y el único procurador de Vox rechazaron ayer una moción del Grupo Socialista que abogaba entre sus cuatro puntos por aprobar en el plazo de seis meses un plan de juventud elaborado en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León y con las asociaciones que lo integran.
«Vamos a hacerlo bien tras la evaluación completa del vigente», argumentó en concreto la procuradora popular Noemí Rojo quien, tras recordar que Castilla y León cuenta ya con un plan de juventud y con una estrategia con 142 medidas de las que se puso en marcha ya 128 con 122 millones de euros ejecutados, afeó que el Ayuntamiento de Valladolid lleve cinco años sin aprobar uno en el mismo sentido.
«Deberíamos ir por el sexto plan y vamos a ver si vamos por el cuarto», respondió a estas críticas el procurador proponente, Sergio Iglesias, que ha rechazado «lecciones» de la procuradora del PP en materia de juventud o respecto a la lucha contra la despoblación.
Por su parte y ante las críticas del viceportavoz del Grupo Cs, David Castaño, a una moción «cargada de muy buenas intenciones» pero que no presenta soluciones a «un problema estructural de la nación», Iglesias explicó que los cuatro puntos concretos de la propuesta socialista sólo pretendían facilitar su aprobación para que «no se les atragantara» a los dos grupos que sustentan al gobierno regional.
