Acabamos de celebrar el 41º aniversario de la Constitución Española, fiesta nacional regulada por el Real Decreto 2964/1983 de 30 de noviembre, algo inédito en la historia reciente de España: que una ley de leyes haya durado tanto.
Ahora, cuando no paran de arreciar las críticas sobre si necesita algunos retoques, sería interesante que nos molestásemos todos en conocerla mejor, porque pienso que son pocos o muy pocos los que pueden presumir de haberla leído.
A lo largo de todos estos últimos años he participado, como un ciudadano más, en el reciente devenir histórico de nuestra gran Nación, que en un momento determinado supo hacer un ejercicio de pragmatismo político y evolucionó por vías pacíficas a un modelo democrático, cuyo máximo y fundamental exponente es nuestra Constitución, que no nos olvidemos fue aprobada por una gran mayoría en las Cortes y refrendada por el pueblo español con un porcentaje mayoritario próximo al 90 %; ley fundamental que constituye un valor en sí misma y que con todas sus virtudes y defectos ha propiciado un período de desarrollo basado en un consenso político y social.
Últimamente, se está hablando mucho de que está superada y que habría que reformarla en profundidad. Algunos consideran que el Estado Autonómico es inviable económicamente, otros que se ha quedado corto.
Sin cuestionar el modelo, sino más bien sus excesos, probablemente hay aspectos mejorables, y si eso es lo que la sociedad española quiere, hagámoslo por los mecanismos que la propia Constitución establece.
La fuerza de las Constituciones reside en su permanencia, no en su inmovilidad, y en su capacidad de actualización. La Constitución de los EEUU tiene más de 200 años de existencia y su texto original se ha transformado a través de 27 enmiendas, que se han ido aprobando por medio de complejos mecanismos, pero ahí está en todo su vigor, rigiendo los destinos de esa gran Nación y ejerciendo su influencia en el resto del mundo. Esa es su virtualidad y esa es su fuerza, transformarse desde dentro por el impulso de su sociedad para mejorar sus procedimientos y adaptarse a las circunstancias que acompañan al devenir humano.
Nuestra Constitución ha sufrido y está sufriendo numerosos ataques, se incumple desde las propias instituciones y lo que algunos quieren es su sustitución por otra radicalmente diferente sin atenerse a los mecanismos de reforma que establece, mecanismos, que son, ciertamente y afortunadamente, complejos, y que demandan de acierto en la reforma, acotándola , así como un juego de mayorías y manejo de los tiempos que requerirían de una voluntad y generosidad políticas difíciles de asumir en esta política cortoplacista a la que estamos acostumbrados.
Pero, además, no es que algunos quieran modificarla porque no coincide con sus planteamientos de futuro, es que mientras tanto, con la pasividad de otros, reinterpretan a su gusto lo que a veces no dice la Constitución.
De esta forma, el primer problema con el que nos encontramos es que la Constitución, cuyo primer artículo define a España como un Estado social y democrático de Derecho y a la que están sujetos ciudadanos y poderes públicos, debe ser cumplida sin ambages en su literalidad y en toda su extensión, recurriendo con normalidad al TC cuando haya dudas de constitucionalidad en las normas legales o en las prácticas políticas. Ese sería el primer y verdadero pacto de Estado que tanto se reclama ahora.
En segundo lugar, y en el mismo nivel de importancia, estaría cerrar definitivamente el modelo de Estado con un reparto competencial adecuado entre Gobierno y Autonomías, que con la experiencia que ya existe tras más de treinta años de Constitución, y tal vez desandando algunos pasos ya iniciados para buscar una mayor eficiencia, debería ser claramente delimitado evitando esa sangría permanente que permite su artículo 150 siempre en un único sentido, sometido al pasteleo político cuando el partido del Gobierno se encuentra en debilidad parlamentaria. Conseguido lo anterior, cabría pensar en mejorar otros aspectos: la función del Senado, la normativa electoral, la sucesión en la Jefatura del Estado, la necesidad de las Diputaciones, una posible limitación de mandatos en determinados puestos electivos, y tantos otros temas que podrían mejorarse, pero que requieren un estudio sosegado de su necesidad y oportunidad para acompasar los cambios sin saltos en el vacío.
La actual situación de crisis política e institucional, donde se le está viendo las orejas al lobo en muchos aspectos, debería servir de acicate para intentar racionalizar el modelo político y social de convivencia que representa la Constitución. Debería promover de alguna manera ese pacto de Estado que muchos vemos necesario si no queremos que este edificio, España, ahora agrietado, no termine por desmoronarse si le fallara el pilar fundamental.
Hoy en día está claro que no hay proyectos claros de reforma, ni para qué son, ni tan siquiera posibilidad alguna de alcanzar el consenso necesario para emprenderla. Y viendo el espectáculo de las tomas de posesión de los diputados en la sesión constitutiva de la XIV legislatura desde el Congreso de los Diputados, se hace muy difícil confiar en que este variopinto conjunto de señores sea capaz de llevar a cabo esta trascendental empresa. Como decía San Ignacio de Loyola, en tiempos de tribulación no hacer mudanza.
Por tanto, más importante que la reforma constitucional es comprender que la Constitución ha sido la base de cuarenta años de democracia, de libertad y de un progreso económico extraordinario. Ha sido el instrumento fundamental para la convivencia y el pluralismo de estos años. Y los problemas que han surgido se deben más a que no ha sido aplicada como debería haberlo sido. Y ahora estamos recogiendo lo sembrado.
