Miles de profesionales por cuenta propia no levantan cabeza. De ahí que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se vea obligada a denunciar que más del 90% de las Administraciones públicas incumplen la Ley de Morosidad, aprobada en 2010, y por la cual deben pagar en un período máximo de 55 días a sus proveedores. Este retraso en los pagos que afecta, junto con la morosidad privada, a un 64% de los autónomos y podría hacer que 100.000 de ellos cesaran su actividad en 2011.
Ante el incumplimiento de la normativa, la asociación reclama la puesta en marcha de la Línea ICO Morosidad con el fin de que los Ayuntamientos puedan hacer frente a las deudas contraídas con los autónomos y las pequeñas empresas. También insta al Gobierno central a autorizar a los Consistorios para que puedan refinanciar sus obligaciones.
El gran déficit que mantienen los organismos oficiales con las pequeñas y medianas firmas en España tiene a estos profesionales con el agua al cuello. A la deuda privada se suma la pública y hacen que la situación de muchas empresas en España se conviertan en insostenible y bastantes de ellas estén pensando en echar el cierre ante los impagos que sufren. «De los 34.000 millones que deben las autonomías, un 35% corresponde a trabajadores por cuenta propia y empresas, es decir, cerca de 12.000 millones. Por ello, pedimos a estos estamentos que contraten solo aquellos servicios que pueden pagar», destaca el presidente de la agrupación, Lorenzo Amor.
Y es que las Administraciones regionales se toman con calma la tarea incuestionable de tener que retribuir a sus clientes. Según la Federación ATA, el tiempo medio de liquidación, tanto del sector público como del privado, en el país se fija en 103 días, una cifra solo superada en Europa por Grecia (125 días) y que está muy por encima de la media europea (62 días). Un retraso que supera incluso los 361 días en el 20,3% de casos en trabajadores por cuenta propia y microempresas (no más de nueve empleados). Según los autónomos, la ley de morosidad no ha conseguido eliminar algo que parece inaceptable: en España se paga mal y tarde.
Por sectores, las Administraciones públicas son quienes más tardan en retribuir a firmas y autónomos, con un retraso de 158 días frente a los 67 de media en Europa. Para ATA, que cifra en 200.000 los profesionales y pequeñas industrias que se han visto obligadas a cerrar en los dos últimos años, es imprescindible solucionar esta situación cuanto antes. «Con la nueva normativa, no solo no se ha conseguido frenar los períodos de pago, sino que se han ampliado, y de no poner freno en 2011, podrían ser 100.000 los autónomos que pleguen», asegura Amor.
Entre los sectores que más se han resentido debido a la ampliación del tiempo de amortización, el presidente de ATA señala la construcción y los grupos semejantes como los más afectados junto con el transporte, la educación y los servicios sociales relacionados con la dependencia. «Las Administraciones deben ajustar sus presupuestos y no seguir gastando para luego no pagar. Los españoles deben saber que muchas personas que están en la cola del paro lo están precisamente por el incumplimiento de pago de los organismos oficiales», explica Amor.
