Noviembre no suele ser un mes bueno para el empleo, pero este último lo ha sido especialmente. Más de 53.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo y más de 20.500 se han ido al paro.
Hacía varios años que esto no ocurría y es que la economía española está desacelerándose y de forma preocupante. La mayoría de los indicadores conocidos y adelantados están en claro retroceso y, a pesar de que el Banco de España dijo hace unos días que la desaceleración estaba siendo de menor calado de la que inicialmente habían previsto, también dejó claro que esa afirmación no estaba basada en el estudio de la totalidad de los indicadores, sino en apenas un 20% de ellos.
Se puede concluir, por tanto, que la caída de la economía es muy real. Basta hablar con las empresas de logística, comercios o autónomos para comprobar que las cosas van mal. Y ahí están los datos de empleo y paro para atestiguarlo. Además, la tendencia negativa no es flor de un día. Ya son varios meses a la baja en las altas en la Seguridad Social y al alza en los apuntados en las listas de desempleo. Hay que retroceder hasta 2015 para ver cifras similares de creación de empleo y de paro en términos interanuales hasta 2012. Vuelve, además, a caer la contratación indefinida.
A estas alturas, ya no hay un sólo organismo internacional, nacional o servicio de estudios que prevea un crecimiento de la economía por encima del 2%. Más bien, el consenso está en el 1,9%. Y hay bastante unanimidad es resaltar que las exportaciones nos salvarán de algo peor. En todo caso, lo más dramático de los informes de coyuntura tiene que ver con el empleo, ya que nadie prevé que el paro baje del entorno del 14%. Y, efectivamente las cifras que vamos conociendo mes a mes, van en esa dirección.
La desconfianza está instalada entre empresarios y autónomos y no sólo por la falta de Gobierno, sino por la posibilidad de que el que se forme sea finalmente de socialistas, comunistas e independentistas y nacionalistas. Un ejecutivo con muy pocas posibilidades de perdurar y por tanto de acometer las reformas necesarias para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Más bien al contrario, lo que se puede esperar es todo lo contrario, más gasto público, más impuestos, más deuda y cero seguridad jurídica.
