El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en la pieza separada que instruye sobre el diseño y lanzamiento de las participaciones preferentes, según se desprende de un auto hecho público ayer.
También indagará a otras seis miembros del Consejo de Administración de la entidad madrileña en el año 2009. Se trata del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el exresponsable de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito; y el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual.
El magistrado admitió a trámite una nueva querella presentada por un particular que invirtió 340.000 euros en preferentes y que pide la imputación de estos exdirectivos por delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.
Advierte en su resolución que ninguno de los cargos investigados se encuentra por el momento imputado, ya que «la admisión a trámite de la querella no constituye, todavía, un acto de imputación judicial».
Se trata de la tercera querella admitida en esta pieza en la que ya se investiga a los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid Finance Preferred José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo y al que fuera director del Área de Cumplimiento Normativo de Caja Madrid, Manuel Fernández Navarro.
El juez ha incluido también en la instrucción a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.
Andreu se ha inclinado por admitir a trámite las querellas sobre este producto bancario presentadas ante su Juzgado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que le informó el pasado 31 de mayo de que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera «un plan preconcebido» para su gestión y diseño.
«Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV», señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez. A pesar de compartir con Anticorrupción la pertinencia de que el presunto fraude sea indagado por la jurisdicción civil Andreu advierte que la eficacia de esta vía se limita «a la reparación indemnizatoria» y agrega: «No puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal».
El magistrado ha pedido, además, a Bankia y a su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el saldo mensual de la autocartera y los títulos que cada una de las entidades del grupo Caja Madrid han tenido desde el 1 de enero de 2009 hasta la actualidad.
También reclama la evolución del saldo mensual de títulos propios de capital en cartera propia en el mismo período, la relación de las operaciones llevadas a cabo con preferentes y subordinadas por el emisor y las empresas del grupo y las comunicaciones e informes que remitieron a la entidad Moody’s y otras agencias de calificación, en especial los relativos a la publicación de la bajada de rating que se comunicó el 16 de junio de 2009 como hecho relevante.
Por otro lado, el juez Andreu ha acordado celebrar una vista en la que preguntará a las partes si debe embargar a Bankia o fijar para la entidad una fianza de responsabilidad civil por la venta de participaciones preferentes. En un auto, el magistrado accede así a la petición formulada por el abogado de 15mPaRato, Juan Ignacio Moreno, en la querella interpuesta en nombre de un cliente de Caja Madrid que adquirió títulos por valor de 535.000 euros y que ha sido admitida a trámite.
El magistrado ordena formar una pieza separada sobre este particular, pero como estima que no existen «razones de urgencia» para decidir en este momento sobre el mismo celebrará una vista, para la que aún no ha fijado fecha en la que las partes personadas podrán alegar «en relación a la petición de garantía de responsabilidad civil solicitada y su cuantía».
Es la primera ocasión en la que el togado se plantea embargar a Bankia las cantidades reclamadas por sus clientes, ya que en la querella de UPyD admitida a trámite no se planteaba esta solicitud, que sí figura en otras sobre las que el magistrado aún tiene que pronunciarse.
La querella planteaba como alternativa al embargo de los 535.000 euros «la incautación preventiva de fondos de las querelladas, Caja Madrid, Bankia o Caja Madrid Finance Preferred en cantidad igual al menos a lo estafado».
