La polémica ‘casa de La Parra’ vuelve a estar de actualidad. Tras unos meses en los que no se hablaba de ella en los medios de comunicación, ayer se dio a conocer una nueva actuación del Ayuntamiento encaminada a legalizar el inmueble y evitar, así, el derribo al que obliga una sentencia judicial.
Según dio a conocer la alcaldesa, Clara Luquero, la Junta de Gobierno Local celebrada ayer aprobó “la restauración de la legalidad, mediante su legalización, valga la redundancia, del edificio destinado a viviendas, local y garajes en las calles Taray número 3 y La Parra número 4”. Así, se acordó conceder licencia urbanística al edificio, con arreglo al proyecto redactado por el arquitecto Mariano Velasco Gómez, visado el 19 de octubre de 2011, “excepto al uso de vivienda de la planta bajo cubierta (plano 5)”.
Recordó Luquero que, como ha insistido en otras ocasiones, “la intención del Ayuntamiento es utilizar todas las vías que la ley ofrece para intentar evitar llegar al derribo de la casa, porque ello significará, con toda probabilidad, indemnizaciones muy cuantiosas para las arcas municipales, por lo que está justificado que quien gobierne la ciudad intente todas las vías legales a su alcance para intentar evitar el derribo”.
Eso sí, aclaró que “esto no quiere decir que lo consigamos, sino que estamos trabajando para evitarlo”. Y es que ahora el Ayuntamiento tiene que comunicar al juez esta decisión, para ver si la acepta o no. “Nosotros estamos comunicando cada quince días al juez responsable los pasos que estamos dando en este sentido”, explicó la alcaldesa, quien recordó que “en 2011 ya se hizo otro intento de legalización y fue infructuoso”.
A pesar de lo cual, reiteró, “el compromiso de este equipo de Gobierno es intentar todas las vías para evitar el derribo, para evitar los costes de indemnización a las arcas públicas. Otra cosa es que lo consigamos”. Por último, apuntó que “este Plan Especial que ordena el entorno del antiguo convento de San Agustín lo que hace es anticipar lo que ya establece el PEAHIS”.
oposición La postura del equipo de Gobierno socialista en este tema no es compartida por Izquierda Unida, que considera que “el incumplimiento del derribo de ‘la casa de La Parra’ podría derivar en la inhabilitación del equipo de Gobierno”.
Por ello, ayer tras la Junta de Gobierno Local, el portavoz de IU Segovia, Ángel Galindo, volvió a pedir al equipo de Gobierno que “dé cumplimiento de una vez a la sentencia judicial que obliga al derribo del inmueble”.
El concejal calificó de “irresponsable” el hecho de que la alcaldesa “se empeñe en hacer caso omiso a una sentencia firme y siga tratando de legalizar el edificio a toda costa”. En opinión de Galindo, el equipo Gobierno socialista “debería dar ejemplo y no restar credibilidad a la Justicia, cuando ésta ha dado la razón a los vecinos que denunciaron hace 20 años las irregularidades urbanísticas que rodean al edificio”.
Asimismo, Izquierda Unida recordó que “la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una Providencia de fecha 15 de julio de 2016, por la que se conmina al Ayuntamiento de Segovia a derribar de forma inmediata ‘la casa de La Parra’, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que determinaba tal obligación”.
Dicha Providencia determina, asimismo, “la imposición de una multa a la alcaldesa de 500 euros mensuales desde el mes de septiembre —multa que Luquero reconoció ayer que no pagaba “ni he pagado nada”— y contempla la posibilidad de deducir testimonio por si se estuviera cometiendo algún delito en caso de incumplimiento, que se produce si no hay derribo o expediente de inejecución de sentencia”.
Por todo ello, Galindo advirtió ayer al equipo de Gobierno que, según la última resolución del TSJ, “de seguir en esta línea podrían iniciarse acciones legales de carácter penal que podrían traer como consecuencia la inhabilitación como cargo público”.
