La Guardia Civil ha detuvo en la jornada de ayer, en la provincia de Madrid, a dos jóvenes acusados de once delitos sexuales contra menores de edad con las que contactaban a través de redes sociales y embaucaban haciéndoles creer que se avecinaba el fin del mundo y, para salvarse, debían de atender sus deseos sexuales.
Según informó ayer la Dirección General de la Guardia Civil, los arrestados son dos hombres de 26 y 25 años que se hacían llamar ‘El Dios’ y ‘La Muerte’ y que comenzaban a entablar relación con las víctimas intercambiando fotografías íntimas.
Luego se encontraban en la provincia de Madrid con las menores, todas ellas procedentes de un pueblo de Ávila, para mantener relaciones.
Además los arrestados también animaban a sus víctimas a que captasen a otras menores en situación de vulnerabilidad.
Hasta el momento se ha identificado a cinco víctimas y se han determinado siete delitos de abusos sexuales y otros cuatro mediante medios tecnológicos con fines sexuales.
Uno de los dos jóvenes arrestados había finalizado recientemente el grado en Magisterio y estaba opositando para acceder al sistema educativo, según precisaron desde el instituto armado.
Uno fue detenido en Madrid capital y otro en la localidad madrileña de Alcorcón.
La operación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila) con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Ávila y se ha desarrollado en una localidad abulense, Alcorcón y Madrid.
De otra parte, la Iglesia se pronunció el viernes sobre los abusos a menores. Así, el borrador que prepara la institución para abordar y prevenir los casos a menores y personas vulnerables no contempla indemnizaciones para las víctimas.
Así lo avanzó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos, en la que se revisó este borrador del texto sobre protección a menores.
Lo que sí contempla el texto es el compromiso de la Iglesia de abrir oficinas en cada una de las diócesis españolas, cuya función será la de recibir las posibles denuncias. Argüello dijo que se plantea abrir una de estas oficinas en la sede de la Conferencia.
