Casi un año después de que quedar visto para sentencia el juicio de la pieza política de los ERE de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla dictó ayer sentencia contra los expresidentes del PSOE al condenar a José Antonio Griñán a seis años de cárcel e inhabilitar durante nueve años a Manuel Chaves.
El fallo judicial, que asume buena parte de las tesis y petición de condenas de la Fiscalía, suma en total 68 años de cárcel y 255 años de inhabilitación para 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta andaluza juzgados.
Griñán, el mayor damnificado, ha sido condenado a seis años de prisión y Manuel Chaves nueve de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo.
También han sido condenados a prisión otros nueve exaltos cargos: los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años), los exviceconsejeros Agustín Barberá (siete años), Jesús María Rodríguez (seis años), el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (siete años), el exdirector general de Trabajo Juan Márquez (siete años), y el exdirector general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (seis años).
El resto de las condenas son por inhabilitación, entre ellas la de la exconsejera Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado nueve años de inhabilitación. En esta situación se encuentran también el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (nueve años de inhabilitación), el exviceconsejero José Salgueiro (nueve años), el exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (nueve años) y el exsecretario general de Empleo Javier Aguado (nueve años).
A estos se unen la exsecretaria general de Empleo Lourdes Medina (ocho años y seis meses de inhabilitación), el exsecretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (nueve años) y, por último el exdirector de IDEA Jacinto Cañete (ocho años y seis meses).
Hay dos personas que resultaron absueltas: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que estaba acusado por delitos de prevaricación y malversación, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, procesado por prevaricación.
La amplia y detallada sentencia dictada por la Audiencia hispalense reprocha que el Gobierno andaluz liderado por los socialistas conocía la “patente” y “palmaria ilegalidad” de las ayudas sociolaborales —unos 680 millones de euros— que concedió con “absoluta falta de control” entre los años 2000 y 2009.
En 1.821 folios, la primera sentencia del caso subraya que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes, fueron “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
El caso percute de nuevo sobre el PSOE, en un momento clave donde busca los apoyos para gobernar en España, con la sentencia condenatoria para dos de sus líderes históricos en Andalucía por una causa que pesa como una losa desde hace algo más de una década.
Algo que podría lastrar sus avances en las negociaciones si alguno de sus posibles socios cambia la postura.
