ACRE, la Asociación de Conservadores Restauradores de España, que ha presentado un recurso especial que ha paralizado provisionalmente el procedimiento para licitar el contrato de los trabajos de intervención necesarios en el retablo mayor de la iglesia del Monasterio de Santa María del Parral, así como en los cenotafios de los marqueses de Villena, considera que el pliego elaborado por del Ministerio de Cultura no prima los aspectos técnicos ni la calidad en la actuación proyectada.
En este sentido, señala que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que para servicios de preservación de lugares y edificios históricos la oferta económica de los licitadores no puede ser superior al 49% y en este caso en el pliego de cláusulas administrativas particulares se ha fijado un 50%.
“Aparte de ser incoherente con la LCSP, el que cuenten tanto los aspectos técnicos que aportan calidad a la oferta como la baja económica (respecto al presupuesto de licitación) no puede redundar más que en perjuicio del patrimonio cultural y de los trabajadores”, afirma Pilar Vidal, coordinadora del Programa de Defensa del Profesional de ACRE.
No es este el único aspecto que la asociación encuentra incoherente con la normativa de contratación para el sector público en el pliego que afecta al monumento segoviano, pues en su recurso señala otros tres más.
Uno de ellos hace referencia a los medios humanos que tienen que aportar las empresas licitadoras interesadas en este contrato. Así, el pliego exige conservadores-restauradores de bienes culturales, con titulación oficial emitida por las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales o por las Facultades de Bellas Artes, formados en especialidades de escultura policromada en madera y piedra, “dejando fuera a la licenciatura en Bellas Artes con itinerario académico en Conservación-Restauración y el Grado Universitario en Conservación-Restauración, lo que constituye una discriminación totalmente injusta”, según esta asociación, que sostiene que todas estas titulaciones “cuentan con formación superior que otorga derechos académicos y profesionales plenos”.
Los otros dos aspectos del pliego recurridos por ACRE tienen que ver con la acreditación de la solvencia económica y financiera. Por un lado, el pliego exige que el volumen anual de la empresa licitadora haya sido al menos del 70% del valor estimado del contrato en los últimos tres años completos, mientras que la recurrente indica que la Ley recoge que “un justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación, resulta más acorde con las pymes” que, según esta organización profesional, “son la mayoría de empresas especializadas en conservación-restauración del patrimonio cultural”.
También exige el pliego una relación de trabajos o servicios similares a la intervención en el Parral durante los últimos cinco años, de manera que el importe anual en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50% del presupuesto de licitación.
Para la asociación, la LCSP detalla otras opciones de acreditación no basadas en el importe anual facturado, sino en aspectos realmente técnicos.
ACRE sostiene que con recursos como este solo persigue “conseguir intervenciones de gran calidad” y “facilitar el acceso de empresas especializadas, con profesionales altamente cualificados” a este tipo de contratos.
