La Audiencia Nacional confirmó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros decretada por el juez Baltasar Garzón en abril para el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga con el fin de que el político abertzale, condenado por connivencia con ETA, cuidara a su madre al considerar que ha cumplido las medidas cautelares que le impuso el magistrado.
Así lo acordó la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal en un auto, en el que desestima el recurso que interpuso la Fiscalía al considerar que la circunstancia humanitaria alegada por Usabiaga «ha sido artificialmente creada», escrito al que se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza.
El tribunal sostiene que el ex secretario general de LAB, al que Garzón dejó en libertad el 26 de abril con la obligación de rendir quincenalmente información sobre el cuidado dispensado a su madre, la de comparecer dos veces a la semana en el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional, «viene cumpliendo» con todas esas medidas.
Usabiaga, que fue encarcelado en octubre del año pasado por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, alegó que debía cuidar de su progenitora porque ésta había iniciado los trámites para acogerse a la Ley de Dependencia, requiriendo como cuidador a su hijo, que hasta su encarcelamiento se había encargado de ella.
El tribunal, compuesto por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, subraya que la madre de Usabiaga padece un carcinoma que requiere quimioterapia y radioterapia y, debido a esta enfermedad, se encuentra «recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo, todo lo cual determina una situación de hecho no necesitada de declaración judicial alguna».
El tribunal argumenta esta afirmación en el informe elaborado por un forense el pasado 25 de marzo, del que además se infiere «palmariamente la anormalidad del desenvolvimiento vital» de la enferma.
Para la sala, Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones el 14 de mayo, hizo una evaluación «correcta» de las circunstancias del procesado en la que valoró la ausencia de riesgo de fuga, su arraigo personal, familiar, laboral y social, así como la inexistencia de una voluntad para sustraerse de la justicia.
El recurso del fiscal sostenía que las razones por las que Usabiaga ingresó en prisión junto al ex dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y otros responsables de la izquierda abertzale aún persistían y que había empleado el argumento del cuidado de su madre «con el fin de eludir una medida cautelar necesaria». Entendía también que no debían «suavizarse sin justificación suficiente» las cautelares del ex secretario general de LAB «por razones de igualdad procesal» con el resto de los acusados en esta causa.
