La propuesta, apenas simbólica, de sancionar con un año de suspensión de militancia en el PP al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, ha vuelto a revolver las aguas de la formación de Mariano Rajoy, en la que conviven sin demasiada armonía el sector oficialista, ideológicamente más moderado, con los denominados aznaristas, cuya cabeza visible es Esperanza Aguirre.
Con el telón de fondo de la elección ayer de Rodrigo Rato al frente de Caja Madrid, que logró la mayoría absoluta y casi unánime en la asamblea general de la entidad financiera y cuya victoria certifica el triunfo de Gallardón y los oficialistas frente a la jefa madrileña en la pugna por controlar tan señera institución, los cuchillos volvieron ayer a brillar en la formación con sede en la calle Génova.
Así, lejos de mostrar arrepentimiento, Cobo, que nunca ha querido rectificar las acusaciones contra la baronesa que motivaron la sanción, aprovechó la promoción del ex vicepresidente del Gobierno para sacar pecho y declarar que «la noticia importante» de ayer no era su castigo, sino que «vamos a elegir a Rodrigo Rato como presidente» de Caja Madrid.
El número dos del Consistorio capitalino hizo alarde de fuerza y, tras anunciar que presentará alegaciones contra la sanción pero no recurrirá la decisión definitiva, que acatará «sea cual sea», proclamó que se siente legitimado para mantener sus cargos, tanto en el Ayuntamiento como en el Grupo Municipal del PP en la mayor urbe española, sin importar que el partido le prive de su militancia y amparado por Alberto Ruiz Gallardón, su valedor incondicional.
«Considero que en 20 años de afiliación he defendido a mi partido, lo voy a seguir haciendo y creo que defendía a mi partido en esas afirmaciones», argumentó.
Tal altanería no gustó demasiado en el Gobierno regional, hasta el punto de que su vicepresidente, Ignacio González, amenazó a Cobo con dejarle fuera de las listas en las próximas elecciones municipales y autonómicas como pago por su resistencia a abandonar sus cargos pese a cesar como afiliado.
En una rueda de prensa, González explicó que la suspensión de militancia, si es que se produce finalmente, «pesará» a la hora de elaborar las candidaturas para la cita de 2011.
También mostró su descontento con el vicealcalde el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, declaradamente aguirrista, quien señaló que, si él fuera alcalde de cualquier municipio, no tendría como portavoz «a una persona suspendida de militancia».
Bastante más prudente se mostró el presidente nacional, Mariano Rajoy, quien prefirió quedar al margen de la polémica y recalcó que no va a intervenir en las decisiones que pueda adoptar el Comité de Derechos y Garantías de su partido respecto a Manuel Cobo y Ricardo Costa -que también podría ser suspendido por su resistencia a dejar su cargo pese a que fue expresamente expulsado por Génova-, que «respeta y acata».
«A unos les parecerá dura y a otros le parecerá blanda», se limitó a decir Rajoy con respecto a la posible sanción.
Sobre las relaciones que mantiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y con el alcalde Gallardón, el líder popular tampoco quiso entrar en matices y resaltó que «lo importante es hacer bien la labor de oposición que le hace falta al país. «Hemos tenido dificultades, que han recogido los medios de comunicación, pero creo que en este momento, tanto el alcalde como la presidenta y yo, vamos a trabajar con intensidad, porque España lo que necesita es un partido de oposición que trabaje para hacer la mejor alternativa», zanjó el gallego.
