Desde que nacieron hace poco más de dos años para reivindicar el referéndum del 1-O en Cataluña, los Comités de Defensa de la República (CDR) han evolucionado a una fase de “máxima clandestinidad” y “un número importante” de ellos tendría capacidad para hacer sabotajes “con riesgo real” para la población.
Es una conclusión que la Guardia Civil plasma en varios informes, en los que radiografía la trayectoria de los CDR y de sus Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una facción radicalizada a la que supuestamente pertenecían los encarcelados por terrorismo por la Audiencia Nacional en la Operación Judas.
Los investigadores no tienen “certeza” del número de Comités activos actualmente, aunque a finales de 2018 contabilizaban unos 200, de composición, militancia y sensibilidades diversas dentro del independentismo y cuyo control viene principalmente “de los movimientos que integran la CUP”.
Sabotajes violentos
Lo que sí saben es que “a fecha de hoy un número relevante de estos CDR dispondrían de capacidad para ejecutar y materializar acciones de sabotaje de carácter violento y gran impacto”, con riesgo “para la integridad de las personas, las cosas o la prestación de servicios críticos”.
Y es que los comités, que a juicio de la Guardia Civil conforman “una organización criminal”, se han instalado en una fase de “clandestinidad” donde solo quedan los miembros “más comprometidos con la causa”, dotados de “avanzadas medidas de seguridad”, aunque también siguen otros grupos con menos militantes, más heterogéneos y carácter “más pacífico”.
Es más: en un informe del 24 de septiembre, a tres semanas de la sentencia del ‘procés’ y un día después de las detenciones de la Operación Judas, los investigadores advirtieron de la posibilidad de que “elementos descontrolados” pudieran realizar acciones violentas o sabotajes de mayor intensidad.
Dentro de los CDR nació una facción encargada de “las acciones más sensibles” con un “plus de compromiso y profesionalidad”, los ERT, supuestamente organizados en “células”: fabricación de explosivos, seguridad y acción. También contaban con coordinadores, reclutadores y responsables de la financiación.
Plan de asalto
En ellos enmarcan los agentes a los detenidos, aunque algunos como Xavier B. desvinculen los ERT de los Comités en varias conversaciones: “Nos hemos desmarcado completamente de los CDR porque ya no tenían ni ganas de poner lazos ni de pintar”.
También Ferrán J., que le dijo a Eduard G. en relación con un encargo que presuntamente vinculaba a la hermana de Carles Puigdemont: “Saben que lo hacemos fuera del CDR; se lo dejé bien claro: ‘Nosotros que estamos haciendo esto no somos CDR’”.
Ferrán fue quien desveló al juez que presuntamente desde la Generalitat le encargaron ayuda logística para que Torra “se quedara encerrado” en el Parlament una semana: “Lo que yo entendí es que Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlament de manera pacífica, que les dejarían entrar y se encerrarían allí todos”. Y añadió: “Torra en esa época quería sacar adelante el tema de la independencia, era el día D, que le llamaban”.
Un plan, “el asalto, ocupación y defensa del Parlament”, dirigido presuntamente por “un colectivo clandestino denominado CNI catalán”, en el que el ERT trabajó a través del mantenimiento de comunicaciones entre el interior y el exterior del Parlament, el análisis de técnicas policiales y la fabricación de explosivos.
