La Junta de Castilla y León y la oposición socialista mantienen abierta la negociación sobre el modelo territorial de la Comunidad con la mirada en Madrid y en los plazos que marcan las Cortes para la tramitación del proyecto de ley. Entre el Ministerio de Hacienda, el PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias existe también diálogo para la reforma local. El nuevo texto, conocido el pasado 21 de mayo, tampoco gusta al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera. La Junta ha marcado unas líneas rojas, entre ellas el rechazo rotundo a la supresión de municipios o entidades locales menores y a la pérdida de funciones a favor de las diputaciones provinciales, puntos en los que cuenta con el respaldo de los socialistas.
La negociación se desarrolla en dos ámbitos, según las fuentes consultadas. Por un lado, entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, y el secretario regional del PSOE, Julio Villarrubia. Por otro, entre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y el secretario autonómico de Organización, Julián Simón de la Torre. Sobre la mesa, dos modelos distintos, aunque también un acuerdo de mínimos, firmado el pasado mes de octubre entre Herrera y Villarrubia, y el debate interno en la oposición de sí presentará o no enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio.
El proyecto de la Junta entró en las Cortes el pasado mes de abril, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primer plazo de enmiendas se fijó para el 27 de mayo. Los grupos, en concreto el socialista, pidieron una prórroga. El contador está en marcha en un segundo periodo. Es normal y habitual solicitar más tiempo en la fase de enmiendas, pero en este caso existe una mezcla de varias cosas. Se trata de un proyecto «muy serio, que no es tan urgente», se piensa en las filas socialistas, que miran más a la negociación en Madrid, porque el resultado se tendrá que aplicar en las autonomías. El consejero de la Presidencia, artífice del texto, defiende que la evolución de la reforma estatal no condiciona la autonómica y no habrá un retraso en el Parlamento.
De la negociación no ha trascendido nada, porque se considera que «todo está abierto». El hermetismo se mantiene en las dos partes, aunque fue el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, quien mencionó, durante uno de sus ‘cara a cara’ con el presidente de la Junta en las Cortes, la existencia de esos contactos, que refrendó también Herrera en el mismo foro. En el grupo mayoritario de la oposición, según las consultas realizadas por Ical, no hay unanimidad sobre la enmienda a la totalidad. El núcleo más cercano a Villarrubia se decanta por su no presentación, mientras que los próximos a López consideran que es obligatoria. Pendientes de los plazos, los socialistas han empezado ya a trabajar en las enmiendas parciales al texto.
El acuerdo de mínimos se refleja en el proyecto de ley de la Junta, según los negociadores socialistas, aunque marcan matices, en especial sobre el papel de las diputaciones provinciales. También observan con preocupación que la aprobación de la reforma estatal, como está ahora, lleve a la pérdida de competencias por los municipios y a la privatización de servicios. El consejero de la Presidencia ha afirmado, en la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que los textos del Ejecutivo central y autonómico son compatibles, pero no están en sintonía.
La defensa de la autonomía municipal, la oposición radical a la supresión de municipios y entidades locales menores, la revisión del mapa de mancomunidades y el impulso de las ‘mancomunidades de interés general’ como asociación voluntaria de municipios para la prestación de los servicios, la reforma y modernización de las diputaciones y la financiación básica a los municipios conforman el bloque del acuerdo de mínimos. Para los socialistas, el proyecto de la Junta va más allá en lo firmado. Existen dos modelos y se busca un consenso en un asunto de Comunidad, explican desde ambos lados de la negociación.
En la Junta de Castilla y León se mantiene la presión al Gobierno central para que cambie aspectos de la reforma local. De Santiago-Juárez ha argumentado que ningún Estatuto de Autonomía ni la Constitución otorgan a las diputaciones funciones para vaciar de competencias y servicios a los municipios. Más aun, ha admitido públicamente que el modelo del Ejecutivo autonómico se basa en la asociación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general, que sí están en el anteproyecto del Gobierno, pero no respaldan que puedan pasar a las corporaciones locales. La norma estatal ha matizado la intervención de los municipios más pequeños: si no pueden cumplir, perderán el servicio afectado, pero no será eliminado.
Mientras los socialistas deshojan la margarita de la enmienda a la totalidad, los populares no la ven necesaria y apelan al pacto de octubre entre la Junta y el PSOE. El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, ve la prórroga como positiva en la búsqueda del acuerdo. «Si pasa el tiempo sin novedades, es motivo para asegurar esa coherencia», argumenta sobre el debate interno en el seno de los socialistas. Para el secretario autonómico socialista de Organización, Julián Simón, lo importante no es fijar un plazo, sino el consenso para hacer una ley «que represente a todos».
En el Grupo Popular trabajan con este calendario: si no se presentan enmiendas a la totalidad, se habilitarán los meses de julio y agosto para el trabajo en ponencia y comisión. El debate de totalidad retrasaría ese esquema a septiembre, pero Fernández Carriedo recuerda que es un derecho de los grupos. No sólo está el Grupo Socialista, sino también el Mixto (IU y UPL).
