Con los únicos votos afirmativos del PSOE, pero con la necesaria connivencia de los nacionalistas vascos y catalanes, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley que reforma el mercado de trabajo, denostada de plano por los sindicatos y cuya principal virtud es posibilitar despidos masivos ante la mera previsión de pérdidas en las empresas, e incluso ante la disminución persistente de los ingresos.
La norma, que salió adelante gracias a la abstención de CiU y PNV, en tanto que PP, ERC-ICV-IU y el Grupo Mixto votaron en contra, también reduce del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo a partir del cual se tiene en cuenta las ausencias del trabajador como motivo de despido.
Además, cuando un trabajador falte de forma intermitente al trabajo el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, aun de manera justificada, se le podrá echar sin compensación.
Ahora, el texto irá directamente al Senado sin pasar por el Pleno puesto que, merced a uno de esos atajos legales tan convenientes como desconocidos para la opinión pública, la comisión actuaba con competencia legislativa plena.
Tal circunstancia, entre otras, motivó que todos los portavoces parlamentarios -socialistas al margen- lamentaran la forma en la que se ha desarrollado la tramitación, en particular por las negociaciones de última hora promovidas por el PSOE, así como por la falta de tiempo para estudiar las enmiendas.
Precisamente una de esas modificaciones, que contó con el sí del PNV, elimina de rondón la nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales para los autónomos en paro que no reciban ninguna ayuda económica. Tal subvención fue incluida hace solo una semana a instancias de CiU y entonces los jeltzales aplaudieron la medida, pero ayer, sin explicar qué han recibido a cambio, argumentaron que se trató de un «error».
Tal cúmulo de desmanes llevó al portavoz del PP en la Comisión de Trabajo, José Ignacio Echániz, a considerar que la tramitación ha sido «improvisada, caótica e histérica». Por su parte, el representante de IU-ICV, Gaspar Llamazares, lamentó que el trámite parlamentario «no haya servido ni para prestigiar la actividad parlamentaria, ni para mejorar un texto que, a su juicio, «sigue manteniendo la precariedad». En nombre del PNV, el diputado Emilio Olabarría admitió que no se sabe si esta reforma será «buena, mala o regular» con respecto a la actual legislación, aunque agradeció «las aproximaciones» del PSOE sobre las causas del despido objetivo.
Como era más que previsible, socialistas y vascos, pactaron a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo, incluyendo la previsión de pérdidas a futuro o la disminución persistente de los ingresos que puedan «poner en riesgo la viabilidad de la empresa o su capacidad para mantener el volumen de empleo».
Tales concesiones se enmarcan en otro proceso de diálogo por el que los nacionalistas bien podrían entrar a formar parte del Gobierno vasco, a costa, por supuesto, del actual pacto que mantienen Patxi López y los populares.
Entretanto, el diputado de CiU Carles Campuzano, consideró que el trámite parlamentario supuso un «acto fallido», y reconoció que «nadie se va a ir satisfecho», ya que «cuestiones fundamentales quedan aparcadas», de modo que «la aspiración de lanzar un mensaje de confianza a los mercados, difícilmente se va a producir». Con similar desencanto la portavoz del grupo mixto Olaia Fernández, reafirmó su convicción en que el proceso de negociación debería haberse aplazado a septiembre con el fin de abordarlo «con calma».
