El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la Orden AYG / 695 / 2011 por la que se convocan las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) destacó que el límite presupuestario (se justifican con carácter plurianual) a efectos de concesión de estas ayudas se ha reducido desde 60 millones a unos 56 en la convocatoria actual. De igual forma el límite de gastos presupuestados ha pasado de 32.638.437 euros a 25.859.744.
Los agricultores y ganaderos de la región interesados en estas ayudas pueden presentar la correspondiente solicitud hasta el 30 de junio de 2011. Las líneas de ayudas a las que afecta esta convocatoria son las de Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora (líneas B y Q) y la de Instalación de agricultores jóvenes (línea A). Además, en esta convocatoria se incluye la línea O de Inversiones en obras de regadío para equipos de riego de ayudas que no está incluida en el citado Plan. Por el contrario no se contemplan en esta convocatoria las líneas de ayudas siguientes para inversiones para préstamos de servicios a terceros (línea P) y colectivas (línea I).
Asaja de Castilla y León pidió una «financiación ilimitada» para la línea de ayudas para mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias. Para la organización agraria se trata de «la línea de ayudas más importante de todas cuantas convoca la Consejería, porque es la que sirve a los jóvenes como principal puerta de acceso al sector y al medio rural» y, en una región que tiene la despoblación como «máximo problema, es fundamental que cuente con la total implicación del Gobierno regional».
El sindicato criticó que este año se suprime la subvención a otras dos líneas, la de inversiones para prestación de servicios a terceros y la dirigida a inversiones colectivas. Así, la ayuda a inversiones colectivas fomentaba la adquisición de maquinaria en común, e incidía positivamente sobre todo en el sector ganadero, que se encuentra en una profunda crisis, y en las zonas de montaña.
Por último, la Alianza por la Unidad del Campo, que conforman UPA y COAG, definieron esta orden como «nuevo varapalo» para los intereses del sector agrario regional, y criticaron que la Junta «haya fulminado directamente» algunas de las líneas de ayudas que recogía habitualmente esta normativa.
A su juicio, se trata de la «evidencia de un nuevo y severo recorte que sufren los agricultores y ganaderos de Castilla y León a manos del Gobierno regional, tras comprobar como la normativa publicada en el Bocyl no recoge en ningún momento líneas fundamentales como las de inversión para servicios a terceros e inversiones colectivas».
