Una decena de partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos firmaron ayer en Barcelona un manifiesto, del que se desmarcó el PNV, en el que piden un acuerdo sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los “presos políticos”.
Los partidos que rubricaron la Declaració de la Llotja de Mar del 25 d’Octubre de 2019 son ERC, el PDeCAT-Junts per Catalunya, EH Bildu, el BNG, la CUP, la Crida y formaciones minoritarias como Demòcrates, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Esquerra Valenciana.
El PNV no estuvo presente en Barcelona, según explicaron desde el partido, “por una cuestión de contenido y otra de contexto”, ya que considera que apenas tiene “espíritu constructivo” y además no es “el momento más oportuno” a diez días de las elecciones.
En un comunicado, expuso que se les planteó el texto “como una segunda versión” de la Declaración de Barcelona, que en 1998 firmaron CiU, EAJ-PNV y BNG y en la que consideraban agotado el modelo autonómico y proponían una transformación de la estructura territorial del Estado.
“Pero, a diferencia de aquella, la declaración hoy suscrita incide casi de forma exclusiva en la denuncia y en la proyección de una visión negativa de la realidad actual en el Estado español, sin apenas espíritu constructivo y/o propositivo”, subrayó el PNV, que aseguró que “su partido hermano” en Cataluña, el PDeCAT, “conoce de primera mano y comprende” sus motivaciones.
Compromís tampoco ha suscrito el documento y se remitió a un reciente comunicado del Bloc (uno de los tres partidos que conforman la coalición, el mayoritario y nacionalista), en el que defiende el diálogo y la democracia como única vía para resolver el conflicto en Cataluña.
La Llotja de Mar fue el escenario escogido para la rúbrica, que contó con la presencia, entre otros líderes políticos, del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), Bieito Lobeira (BNG), Natalia Sánchez (CUP) y Arnaldo Otegi (EH Bildu).
La declaración, que consta de seis puntos, alude en su inicio a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a los miembros del Govern y los líderes de las organizaciones sociales independentistas juzgados por el ‘procés’.
El texto cuestiona que España sea un país “plenamente democrático y moderno de su entorno” y atribuye esa situación a la resistencia de “las viejas estructuras del régimen anterior” y a la falta de voluntad de los grandes partidos.
Plantea, además, que el Estado español “ha entrado en una etapa de regresión hacia una política de carácter cada vez más autoritaria, menos democrática y más represiva”.
La declaración denuncia “falta de respeto al derecho de autodeterminación”, al tiempo que sostiene que en España “no existe ningún reconocimiento ni respeto por la plurinacionalidad, ni ninguna separación de poderes”.
Para los firmantes, hay “amenazas de suspensión de la autonomía, el autogobierno y los derechos históricos por cualquier vía”, así como “intervencionismo” del Constitucional y “una acción legislativa recentralizadora”.
“Desde la defensa de estos contenidos, asumimos y manifestamos nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones democráticas y estables al conflicto político que nuestros pueblos mantienen en el seno del Estado español”, recoge la declaración.
Finalmente, apelan a la comunidad internacional para posibilitar y promover estas soluciones.
