La jueza María Tardón rechazó imponer medidas cautelares a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, por lo que tras declarar como imputado por blanqueo del narcotráfico presuntamente relacionado con la causa de Sito Miñanco, podrá seguir viajando a Bélgica para asistir al expresident.
La Fiscalía Antidroga había pedido a la magistrada que decretase comparecencias quincenales ante el juzgado para Boye, si bien Tardón decidió no poner ninguna medida cautelar al letrado, que negó ante los periodistas que vayan a encontrar “ningún indicio de criminalidad porque no lo hay”.
Boye, que hace unas semanas dejó de representar a Sito Miñanco, indicó ante los medios que su imputación “no debería” tener que ver con el hecho de ser abogado de Puigdemont.
“Creo que no debería ser así y que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni de movimiento y en ese sentido estamos muy contentos también”, ya que eso significa podrá seguir asistiendo en Bélgica al expresidente catalán.
Fuentes jurídicas informaron que el propio Boye pidió a la jueza que no tenga en cuenta toda la documentación relacionada con la defensa de Puigdemont o de otros clientes que el letrado tenía en sus dispositivos electrónicos, cuya información se volcó el pasado lunes en el registro a su despacho y domicilio.
El que fuese letrado del histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, hasta hace dos semanas, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por su supuesta relación con un presunto blanqueo de 889.470 euros, intervenidos a presuntos miembros de la organización en el aeropuerto de Madrid cuando se disponían a viajar a Bogotá.
Teoría que el letrado rechaza de plano, como manifestó en un escrito remitido el pasado julio al juzgado, en el que negaba las acusaciones que un investigado en la causa de Sito Miñanco presuntamente había vertido contra él y que le relacionaban con el blanqueo.
Según indican fuentes jurídicas, en su declaración Boye se remitió a dicho escrito y manifestó que cuando se levante el secreto de la causa (decretado en febrero de 2018) pedirá declarar voluntariamente, si bien valorará en qué grado podría afectar el secreto profesional como abogado.
No se le preguntó, prosiguen las fuentes, por una anotación que presuntamente se halló en el marco de la investigación y que decía “Gonzalo, 10.000 euros”, si bien las fuentes creen que no sería extraño que pudiese estar relacionada con la defensa que el letrado ejercía para algunos de los investigados en la causa, incluido Sito Miñanco.
Contratado
En el escrito, Boye ponía de manifiesto que fue contratado para “recuperar un dinero incautado” y remitió al SEPBLAC (servicio de prevención de blanqueo) la documentación que le proporcionaron sus clientes (pagarés y contratos de crédito). Antes de Boye declararon otros dos investigados por blanqueo que podrían estar vinculados con dichos contratos, según las fuentes.
Lo que ocurre es que el SEPBLAC constató que dicha documentación ya había sido utilizada años antes, por lo que Boye se lo comunicó a sus clientes y pidió que aportaran nuevos documentos que justificasen el origen del dinero, según las fuentes consultadas.
El propio Boye explicó a los medios que se le investiga por “la existencia de unos contratos. Unos pagarés, que se habrían visado para la recuperación de dinero en el SEPBLAC, que en su día consideró que esos hechos no eran constitutivos de delito y que simplemente era una sanción administrativa a la personas que llevaban dinero”.
